La Defensoría del Pueblo de Panamá comunicó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que el presupuesto recomendado para 2027 dejará una brecha superior a $3 millones, lo que limitará su capacidad para garantizar los derechos humanos en todo el país.
Magnitud del recorte
El total solicitado asciende a $6.787.534, de los cuales $6.583.097 se destinarían a gastos operativos y $204.437 a inversión. Según la defensora del Pueblo, Angela Russo, esa cifra representa apenas el 68,1 % de los recursos estimados como imprescindibles para ejecutar sus programas.
Programas más afectados
El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura recibirá solo el 36,9 % del financiamiento requerido, comprometiendo su operatividad. Además, el programa de Educación, Protección y Defensa de los Derechos Humanos, valorado en $632.185, no obtuvo ninguna asignación, quedando el rubro de protección de derechos humanos sin recursos.
"Nuestro compromiso es seguir administrando los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y eficiencia", afirmó Russo ante los diputados.
Consecuencias en la práctica
La entidad explicó que la escasez de fondos reducirá la capacidad de ampliar investigaciones de oficio, visitas de monitoreo, jornadas de capacitación, mediaciones y unidades móviles que atienden a comunidades rurales e indígenas.
Nueva responsabilidad sin financiamiento
La Ley 504, promulgada el 18 de diciembre de 2025, incorpora la figura de un Defensor Adjunto de Derechos de Niñez. Russo señaló que cumplir con esta obligación exige recursos que actualmente no están garantizados en el presupuesto.
"Fortalecer a la Defensoría del Pueblo significa fortalecer la capacidad del Estado para proteger derechos, prevenir vulneraciones y atender a la ciudadanía, especialmente a las poblaciones más vulnerables", agregó la funcionaria.
La institución reiteró que mantendrá una gestión austera y orientada a resultados, pese a las limitaciones, y continuará impulsando acciones para ampliar su presencia territorial y reforzar sus programas de promoción y prevención.
Próximos pasos
La Defensoría espera que el Congreso revise la propuesta y considere la asignación de los recursos necesarios para cumplir con sus nuevas competencias y garantizar la protección de los derechos humanos en Panamá.
