La Fiscalía de Bolivia convocó a declarar a cinco exautoridades involucradas en una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con el exjefe del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y un litigio entre empresas cementeras en el país.

Las citaciones están dirigidas al exministro de Justicia, César Siles; al exministro de Economía, Marcelo Montenegro; al exprocurador general del Estado, Ricardo Tola; a la exjefa de Gabinete del Consejo de Ministros, Fabiola Salazar, y a la exembajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras.

De acuerdo con los medios locales, Siles, Montenegro, Tola y Salazar deberán prestar su declaración informativa en la Fiscalía Departamental de La Paz dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su notificación. En tanto, en el caso de la exembajadora Almendras, el plazo fijado es de 48 horas.

Investigación en curso

La investigación busca esclarecer un fallo judicial que benefició a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), que pertenece al Grupo Gloria, de Perú, y que debía pagar 107 millones de dólares a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de Bolivia, por un litigio de competencia desleal.

Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía de España, Rodríguez Zapatero habría recibido 200 mil euros mediante un contrato de consultoría firmado con la empresa peruana Focus Social Research entre 2024 y 2025, a cambio de mediar con autoridades bolivianas para favorecer al Grupo Gloria con el fallo judicial que finalmente lo eximió del pago.

Reacciones y antecedentes

El caso involucra a altos exfuncionarios de Bolivia e incluso al expresidente Luis Arce, en cuyo gobierno se desarrolló el litigio. El exmandatario señaló que su relación con Rodríguez Zapatero fue “institucional y política” y descartó nexos con el caso que se investiga.

A inicios de julio, el procurador general del Estado, Hugo César León, informó que la investigación fue declarada en reserva para evitar que el caso derive en un litigio internacional.

El caso sigue en investigación y no existe una resolución judicial definitiva.