La Justicia Federal de Resistencia conformó un equipo interinstitucional para monitorear, prevenir y controlar los desmontes ilegales en la provincia del Chaco. La decisión de la jueza Zunilda Niremperger busca asegurar que se cumpla la prohibición restituida en mayo por el Tribunal Federal de Casación, la máxima instancia penal del país. El grupo reúne a funcionarios provinciales y nacionales, representantes de la policía y la Gendarmería, fiscales federales y referentes del sector ambientalista.
El espacio se denomina formalmente “Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco”. Según la resolución, su objetivo es “garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar vigente”. Esa cautelar había sido dictada en 2024 en el marco de la megacausa conocida como “Mafia de los desmontes”, pero luego quedó sin efecto por la presión de la actividad productiva y la industria forestal. La decisión de Casación la volvió a poner en vigencia.
Quiénes integran la mesa
Por el Ministerio Público Fiscal Federal participarán los doctores Juan Gabriel Giménez y Agustina Dragell. La provincia del Chaco estará representada por el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro, y el director de Bosques, Gustavo García. Por la Autoridad Ambiental Nacional asistirá el ingeniero forestal Eduardo Manghi.
La Administración de Parques Nacionales enviará al intendente del Parque Nacional Copo, Néstor Arriola, y al director de la Regional Norte, Sergio Arias Valdecantos. La Gendarmería Nacional estará representada por su jefe, el comandante general Claudio Brilloni. También integrará el espacio Fabián Maggi, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la ONG que impulsa la causa principal.
“Es una resolución muy trascendente. Es la primera vez que se conforma un comité de esta naturaleza para controlar los desmontes ilegales y hacer efectiva la prohibición vigente”, afirmó Maggi.
Una región bajo presión
El Gran Chaco es una de las ecorregiones con mayor avance de la deforestación en el país. Abarca bosques nativos de Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Según los datos que maneja el sector ambientalista, cada seis meses se pierde una superficie equivalente a dos ciudades de Buenos Aires, unas 40.000 hectáreas.
La megacausa penal iniciada en 2024 ya tiene una decena de imputados entre empresarios y funcionarios. La investigación apunta a quienes habrían actuado a ambos lados del mostrador para habilitar el avance sobre áreas protegidas. El nuevo equipo deberá intercambiar información, detectar posibles infracciones y facilitar la intervención de la autoridad, con informes periódicos sobre lo actuado.
