La Cámara de La Plata aceptó la medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo de la provincia y la remitió a la justicia federal. La decisión se produce en medio del debate sobre la privatización del servicio de agua gestionado por Aysa.
Tensión entre la justicia provincial y la empresa
El organismo judicial provincial insiste en detener la venta del concesionario, argumentando posibles riesgos para el acceso al agua. Por su parte, Aysa manifestó que el proceso de privatización continuará pese a la intervención judicial.
Próximos pasos legales
Al derivar el caso a la justicia federal, se abre una nueva fase que podría definir si la privatización se suspende o prosigue. Mientras tanto, la empresa mantiene su postura y avanza con los trámites previstos.
El conflicto refleja la creciente polémica en la provincia sobre la gestión de servicios públicos esenciales y la intervención del Estado en decisiones de mercado.
