Los productores frutícolas de Allen, en el Alto Valle de Río Negro, consiguieron que no avance una ordenanza que pretendía incorporar cerca de 400 hectáreas de Zona Rural Irrigada al área urbana. La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén confirmó que el veto total del intendente Marcelo Román a la Ordenanza 075/2026 quedó firme, ya que la insistencia legislativa no prosperó y la norma no podrá aplicarse.

El proyecto había sido aprobado por el Concejo Deliberante el 8 de octubre y modificaba el Plan Rector de la ciudad, vigente desde la Ordenanza 086 de 2016. La iniciativa ampliaba la Zona de Urbanización en unas 300 hectáreas y agregaba otras 100 hectáreas para Servicios de Ruta. Además, redefinía los límites del ejido, sumaba sectores ligados a los corredores de la ruta nacional 22 y la provincial 65, y cambiaba las reglas de cesión de tierras en nuevos parcelamientos. También eliminaba la participación municipal del 30 % sobre la plusvalía que genera la acción urbanística.

La reacción de los productores

Después de la sanción, Román vetó la ordenanza en su totalidad y devolvió el tema al Concejo. Allí se concentró la presión del sector: la Federación, el Consorcio de Riego de Allen y la Cámara de Productores Agrícolas de la localidad presentaron una nota el 14 de octubre para pedir a los concejales que no insistieran con la norma y respetaran el veto del Ejecutivo municipal.

En ese escrito expresaron su "Total Oposición" a la ampliación de la zona de urbanización y a cualquier destino que reduzca la superficie de la Zona Rural Irrigada. El jueves 29 de octubre, un grupo de productores concurrió al Concejo Deliberante, donde fue recibido por todos los concejales, y volvió a manifestar su rechazo al proyecto.

"Este proyecto no tiene que salir, sin las tierras productivas nosotros no existimos", resumió Sebastián Hernández, presidente de la Federación.

Un reclamo que excede a Allen

Con el veto confirmado, la entidad destacó que la decisión significa "un paso importante en la defensa de las tierras bajo riego y del patrimonio productivo de nuestra región". También advirtió que la expansión urbana sobre superficies históricamente frutícolas pone en riesgo una actividad clave para la economía y la identidad del Alto Valle.

La Federación aclaró que su postura "nunca fue un capricho político localizado en una sola localidad", sino una posición histórica de los productores frente a los cambios en el uso del suelo que atraviesa la región. En ese sentido, remarcó que no se opone al crecimiento de la ciudad: plantea que los desarrollos se orienten hacia las zonas que el Plan Rector vigente ya habilita para ese fin.

"Defender las chacras es defender el trabajo de los productores, las fuentes de empleo y el desarrollo económico de toda la región", cerró la entidad.

El conflicto deja abierto el debate sobre cómo compatibilizar la expansión urbana con la preservación de las tierras bajo riego en el Alto Valle, un tema que los productores anticipan que seguirá apareciendo en otras localidades.