La Sociedad Rural de Rojas, junto a Coninagro y Federación Agraria, presentó una acción judicial para que el municipio bonaerense explique el destino de los fondos de la tasa vial y cómo calcula el monto que cobra a los productores. El reclamo apunta a una diferencia de 1.500 millones de pesos entre lo recaudado en 2025 y lo efectivamente invertido en la red de caminos rurales.

Quien impulsa el planteo es Alberto del Solar, productor y vicepresidente de la Sociedad Rural de Rojas. Su diagnóstico no pasa por la cantidad de máquinas ni por la capacidad de los trabajos, sino por el uso del dinero que aporta el sector.

"Demostramos que en 2025 se recaudaron 2.300 millones y se gastaron 870. Hay una diferencia de 1.500 millones que fueron cobrados para arreglar los caminos y no sabemos dónde están", afirmó Del Solar.

Qué pide la presentación judicial

El expediente busca que el municipio detalle la recaudación y el gasto de la tasa, y que explique el criterio con el que define su valor. Para el dirigente rural, ahí está una parte central del problema: sostiene que en varios distritos la tasa dejó de estar atada al costo real de mantener los caminos y pasó a funcionar como un impuesto más.

"El juzgado le pregunta al municipio cómo calculan qué se debe cobrar y con respecto a qué. La tasa pasa a ser un cálculo como un impuesto que no tiene nada que ver con el costo operativo", señaló.

La Justicia ya intervino y el municipio deberá dar explicaciones sobre tres tasas que recaen sobre el sector productivo.

La propuesta: licitar el mantenimiento

Del Solar plantea cambiar el esquema de gestión y tercerizar las tareas a través de licitaciones públicas. Según sus números, un trabajo de fondo en un camino de más de ocho metros ronda los 750.000 pesos por kilómetro, mientras que un rastreo importante cuesta entre 200.000 y 220.000 pesos.

Con mil kilómetros de caminos en el distrito, calcula que haría falta poco más de 1.200 millones de pesos para mantenerlos en condiciones, una cifra menor a los 1.500 millones que, según denuncia, se desviaron el año pasado.

"Hay que hacer una licitación pública y que se presenten varias empresas. Así podremos exigir y decirles: te pago en la medida que los productores me digan que los caminos están arreglados", resumió.

El dirigente propone dividir el distrito en sectores y dejar en manos del municipio el control del cumplimiento, no la ejecución de las obras.

El punto de partida del debate

Para Del Solar, cualquier discusión sobre el estado de los caminos rurales debe empezar por asegurar que el dinero recaudado con ese fin llegue efectivamente a la red vial.

"No es el cómo lo hago, es el con qué lo hago. Y el con qué es plata. Si no hay dinero porque la gastan en otra cosa, hablar de tener caminos rurales razonables es una fantasía", concluyó.

El caso de Rojas se suma a la discusión de fondo en la provincia de Buenos Aires sobre el financiamiento y la administración del mantenimiento de los caminos rurales.