El titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Gabriel Esterelles, presentó su renuncia este lunes en el Palacio Legislativo, en medio de una serie de acciones impulsadas por el bloque Libertad Avanza (LLA) que buscan debilitar al organismo antes de que el presidente Javier Milei exponga el presupuesto 2027.
Audiencia parlamentaria
Una comisión bicameral de supervisión de la OPC se reunirá el mismo día para dar a conocer los resultados de una auditoría ordenada por la mayoría oficialista. La mesa está presidida por el senador de LLA Agustín Monteverde y el diputado nacional Bertie Benegas Lynch. En la agenda también se discutirán temas vinculados al presupuesto interno de la entidad.
"Se trata de una nueva embestida contra el control parlamentario efectivo", señaló el diputado Maximiliano Ferraro en su cuenta de X.
Recortes y denuncias de la oposición
En junio, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada denunció que el gobierno libertario intentaba "apoderarse del funcionamiento de la OPC" y recordó que el mes anterior se había reducido su presupuesto en $55 millones mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo y firmada por el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
Voces opositoras describieron la auditoría como "una invasión política" en la que "diez personas ingresaron a la OPC y sellaron documentos".
"Debilitar la autonomía técnica y operativa de la OPC justo antes de la presentación del presupuesto 2027 pone en riesgo mecanismos esenciales de transparencia", resumió Ferraro en su publicación.
La renuncia de Esterelles y los recortes presupuestarios se producen a escasos días de la esperada exposición del presupuesto nacional, prevista para el 15 de septiembre, cuando Milei recurrirá a la cadena nacional para explicar los cálculos de ingresos y gastos.
Próximos pasos
Hasta el momento no se ha anunciado quién asumirá la dirección de la OPC. La oposición vigila de cerca las decisiones del bloque LLA, advirtiendo que la falta de independencia del organismo podría afectar la calidad de los informes económicos que sirven de base al debate legislativo.
