El martes 20 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley que autoriza a los municipios a emplear la totalidad de los fondos destinados al mantenimiento de la red vial rural en obras de carácter hídrico, con vigencia de 180 días a partir de su publicación.

Detalle de la norma

Los recursos provienen del Impuesto Inmobiliario Rural, regulado por la ley 13.010 y sus modificatorias. Actualmente, el 12 % de la recaudación de ese impuesto se destina al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que financia la conservación de los caminos rurales.

La nueva disposición faculta a los municipios a usar hasta el 100 % de esos fondos para actividades como drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa contra inundaciones y adquisición de equipamiento hidráulico.

Según el senador Sergio Raúl Vargas, autor del proyecto, "la medida brinda a los intendentes las herramientas necesarias para anticipar los riesgos que plantea El Niño y proteger a sus comunidades".

Reacciones del sector agropecuario

Gustavo Frederking, responsable de la Comisión de Servicios de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, advirtió que la norma no garantiza que los recursos se destinen exclusivamente a áreas rurales. "Esto habilita obras hídricas, pero no especifica que sean para el campo", señaló en entrevista.

Frederking recordó que los productores habían solicitado mayor financiación para el mantenimiento de caminos. En el pasado, el 25 % de la recaudación del impuesto se destinaba a ese fin; hoy el porcentaje se redujo al 12 %, lo que, según él, podría comprometer la conservación de la infraestructura vial.

El dirigente también cuestionó la vigencia temporal de la ley, proponiendo la creación de un fondo específico para infraestructura hídrica como alternativa más sostenible.

Próximos pasos

La norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial y permanecerá activa durante los 180 días señalados. Mientras tanto, los municipios deberán presentar los proyectos que consideren prioritarios para la gestión de aguas y la prevención de inundaciones.

Se espera que, al término del período excepcional, el Congreso evalúe la posibilidad de prorrogar o institucionalizar la medida, según la efectividad de las obras realizadas y la presión de los distintos sectores involucrados.