El martes, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados recibió a dirigentes del agro que manifestaron su apoyo al proyecto de intrusión rural, una norma que busca penalizar la entrada sin autorización a fincas delimitadas y permitir a la policía actuar de forma preventiva.

Qué contempla la norma

El proyecto crea la figura de "intrusión rural" con sanciones de un mes a un año de prisión para quien penetre predios señalados con alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. Además, introduce el delito de "daño agravado", que contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño, protegiendo sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados. La pena mínima se duplica si el autor es funcionario público o está vinculado habitualmente al sector agropecuario.

Se actualiza también la figura de "instigación pública", elevando la pena a dos a seis años de prisión, con una triplicación cuando la incitación se difunde por redes sociales o medios masivos.

Reacciones del sector

"El ingreso deliberado y no autorizado a un establecimiento rural no siempre es una falta menor; puede ser el primer paso de una faena clandestina o de un robo", señaló el productor César Guatti, en representación de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
"Veríamos con muy buenos ojos que este proyecto se materialice para que la justicia cuente con herramientas necesarias y justas", afirmó Lucas Magnano, presidente de Coninagro.

Los representantes subrayaron que la normativa permitiría actuar antes de que se consumen los delitos, evitando situaciones como la reciente muerte de dos peones en una estancia de Santa Fe, investigada como posible homicidio.

Implicancias para la producción

Según la Fundación Barbechando, el daño a una bomba de agua puede comprometer el suministro de 50 a 70 litros diarios por vaca en verano, generando pérdidas sistémicas que van más allá del valor de reposición del bien.

"Queremos un campo que deje de ser tierra de nadie y que cuente con políticas públicas firmes que habiliten el desarrollo productivo y social del país", indicó la entidad en un comunicado.

El proyecto ya está en trámite en el Congreso y los sectores agropecuarios piden su pronta aprobación para evitar que vuelva a “naufragar”.