La Casa Rosada salió este jueves a instalar una conclusión que la Justicia todavía no tiene: según el Gobierno, un peritaje de la Gendarmería determinó que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), no son auténticos y fueron manipulados. En los tribunales, en cambio, aseguran que ese informe final no existe y que la pericia continúa en curso.

El expediente lo conducen el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) desmintió las conclusiones que difundió el Ejecutivo y remarcó que no hay un documento firmado que las respalde.

Qué dice el informe que circuló

La versión oficial sostiene que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional halló "limitaciones metodológicas", una cadena de custodia rota con anterioridad y discontinuidades en el material. También advierte que no se puede descartar una manipulación o clonación mediante inteligencia artificial.

Según ese texto, en los archivos que se consideraron preliminarmente aptos aparecieron rasgos acústicos de regrabación y cortes abruptos incompatibles con una grabación continua. Para el Gobierno, eso sugiere ediciones posteriores.

La respuesta desde el expediente

Del otro lado, las fuentes judiciales fueron tajantes: "No hay un documento final todavía". La pericia sigue abierta y las conclusiones que se atribuyen a la fuerza no están suscriptas.

El caso nació a partir de la difusión de grabaciones en las que la voz adjudicada a Spagnuolo describe un presunto esquema de sobornos a prestadores y droguerías en la compra de medicamentos. En ese material se menciona que Karina Milei cobraría un 3% de las compras.

La estrategia de la defensa

Los abogados de Spagnuolo sostienen desde el principio que esos audios, difundidos originalmente por el streaming Carnaval, fueron manipulados o generados con inteligencia artificial. Por eso la Justicia ordenó los peritajes técnicos.

La defensa apunta a que la pericia le permita pedir la nulidad de toda la causa, en la que el procesamiento del exfuncionario ya está firme. Su argumento es que la investigación se originó en grabaciones presuntamente alteradas.

El avance del expediente, sin embargo, sumó pruebas propias: los chats de los celulares de los imputados mostraron maniobras de sobreprecios y cartelización que sostienen los procesamientos. El fiscal Picardi, justamente, evitó usar los audios como prueba para neutralizar ese planteo defensivo.

La causa también alcanza a empleados de la Andis y avanzó sobre los dueños de las droguerías que vendían los medicamentos. Mientras el peritaje no esté cerrado y firmado, la discusión sobre la autenticidad de las grabaciones seguirá abierta en los tribunales.