El 26 de octubre de 2026 el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) confirmó la medida que expulsó a la investigadora Virginia Aparicio de su puesto, la primera exoneración registrada en la historia de la entidad.

A pesar de la resolución, Aparicio mantiene su presencia diaria en la planta de Balcarce y, bajo la recomendación de su defensa, está preparando un recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio para anular la sanción.

"Sí, vengo todos los días a trabajar por indicación de mi abogado. Dentro del plazo administrativo vamos a interponer el recurso", afirmó Aparicio a Bichos de Campo.

Contexto del procedimiento

Aparicio desarrolló toda su carrera en el INTA Balcarce, especializándose en la detección de residuos de agroquímicos. En 2020 participó como coordinadora nacional del Proyecto Sprint, una iniciativa financiada por la Unión Europea que involucró a varias universidades europeas y al INTA como socio extracomunitario. El proyecto concluyó su vínculo con el instituto en diciembre 2023.

En septiembre 2023 surgieron discrepancias cuando el INTA le prohibió difundir los resultados de sus mediciones, alegando falta de aval de especialistas en salud para analizar residuos de fitosanitarios en orina y sangre de voluntarios. Aparicio denunció lo que describió como censura y buscó continuar con el trabajo del proyecto.

Rechazo y críticas al despido

Las redes sociales registraron una oleada de rechazo a la medida, y representantes gremiales calificaron la sanción como un intento de intimidar al personal. Un delegado sindical comentó: "Quieren imponernos miedo".

El proceso administrativo, iniciado el 7 de diciembre de 2023 bajo el expediente 2023-147844190-APNUSA#INTA, se prolongó durante tres años de interrogatorios y averiguaciones antes de culminar en la decisión de exonerar a Aparicio.

Implicancias para el INTA

La controversia se produce en medio de una serie de decisiones del gobierno de Javier Milei que han afectado al instituto: reducción de casi 1.800 puestos de trabajo, venta del edificio histórico de la calle Cerviño y la cesión de campos experimentales. Además, se han nombrado funcionarios sin concurso público, generando sospechas de uso político del organismo.

El caso de Aparicio, la única exoneración en 70 años, se percibe como una muestra de la tensión entre la dirección del INTA y su cuerpo técnico.

Se espera que el recurso presentado por la investigadora sea evaluado en los próximos meses, lo que podría revertir la medida y sentar un precedente para futuros conflictos internos.