OpenAI modificó sus términos de uso y desde el 20 de noviembre de 2026 quedará expresamente vedado aprovechar las respuestas de ChatGPT para alimentar sistemas de inteligencia artificial de la competencia. La actualización, que reemplaza a la versión vigente hasta esa fecha, apunta a cerrar el camino a la llamada distilación adversaria: tomar los resultados de un modelo ajeno y usarlos como materia prima para entrenar otro.

La compañía no se limita a una prohibición genérica. El documento enumera las maniobras que quedan fuera de juego: generar datos o tareas de entrenamiento a partir de sus modelos, armar entornos de aprendizaje por refuerzo con ese material, y también aportar etiquetas, puntajes, rankings o correcciones que sirvan para pulir un sistema alternativo. Filtrar o seleccionar esos datos con el mismo objetivo corre la misma suerte.

El razonamiento oculto, en la mira

Uno de los puntos centrales es la protección del "razonamiento protegido": el registro interno con el que el modelo avanza paso a paso hasta una respuesta y que nunca aparece en la salida final. Según la política, llegar a ese contenido por ingeniería inversa o esquivando las defensas del sistema queda terminantemente prohibido.

Las restricciones no se agotan en quien ejecuta la maniobra. Alcanzan también a quien la encarga a un tercero y a quien actúa por cuenta de otro, aunque no sea esa persona la que entrene el modelo resultante.

Nuevo requisito para los intermediarios

La actualización suma una exigencia que va más allá del entrenamiento: los servicios que dan acceso directo a los modelos, como los enrutadores o pasarelas de IA, deberán obtener autorización previa de OpenAI. La obligación no toca a las aplicaciones que solo integran un modelo para ofrecer una función propia.

El texto también refuerza las salvaguardas para menores de edad, endurece los requisitos para usos de alto riesgo e incorpora criterios de seguridad nacional, con aprobación previa para aplicaciones vinculadas a la defensa y a las fuerzas de seguridad.

La campaña que precipitó el cambio

El giro normativo tiene un antecedente directo. El 30 de septiembre, la empresa informó que había detectado y desarticulado una "campaña coordinada" para extraer razonamiento protegido y reutilizarlo como insumo de entrenamiento de otro modelo.

Según ese comunicado, la actividad arrancó el 1 de julio con volumen bajo y se disparó el 24 y 25 de julio, cuando se registraron 16.000 solicitudes con un patrón de extracción desde más de 4.000 cuentas. Una pesquisa posterior identificó un grupo relacionado de más de 15.000 usuarios, cuya operatoria quedó neutralizada por completo el 28 de julio.

"No hubo vulneración del cifrado ni acceso a bases de datos o conversaciones almacenadas de otros usuarios", precisó la compañía en ese informe.

El modus operandi fue otro: manipular las interacciones para que el razonamiento oculto se hiciera visible, por ejemplo copiando contenido cifrado de una conversación y pidiéndole al modelo que lo descifrara en otra. Como respuesta, OpenAI suspendió o restringió cuentas, reforzó los controles de registro, cerró una vía que permitía reproducir el razonamiento cifrado de otro usuario y amplió el monitoreo sobre redes vinculadas. Además, compartió los hallazgos con otros desarrolladores a través del Frontier Model Forum y con canales gubernamentales.

Un frente que viene de lejos

La pulseada por la distilación no es nueva. En enero de 2025, OpenAI había denunciado públicamente a competidores, entre ellos chinos, de intentar copiar de manera sistemática los modelos de las principales empresas estadounidenses de inteligencia artificial, según reportó la BBC. Esas acusaciones aparecieron tras el auge de DeepSeek, la aplicación china que igualó el rendimiento de los sistemas más avanzados.

Con la nueva política, la empresa busca que el cerco no dependa solo de la detección técnica: ahora queda escrito en las reglas quién puede usar sus respuestas y para qué.