El presidente Javier Milei envió al Senado el pliego del juez Daniel Rafecas para que sea nombrado camarista en la Cámara Nacional de Casación Penal. La movida se conoció el mismo día en que Rafecas, que subroga el juzgado donde tramita la causa $LIBRA, corrió vista al fiscal Eduardo Taiano para que opine sobre el pedido de la Fiscalía Anticorrupción (PIA) de reabrir la investigación que compromete al mandatario.

La coincidencia temporal encendió una pregunta inevitable: ¿el ascenso busca condicionar al magistrado que tiene la causa en sus manos? El pliego fue impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, según pudo reconstruir este medio.

El pedido que incomoda a la Casa Rosada

La PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, asumió el 29 de octubre el ejercicio de la acción penal en el caso, de la que había desistido Taiano, y reclamó al juez que reabra la investigación. En su escrito sostuvo que la pesquisa no está terminada y que quedan medidas de prueba por profundizar.

"No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario", planteó la Fiscalía Anticorrupción.

El organismo también apeló en subsidio por si el juez rechaza el pedido de retomar la acción penal. Argumentó que las conclusiones alcanzadas son discrepantes porque, a su criterio, la causa sigue abierta.

Rafecas, además, girará a Taiano el escrito del INECIP y el CIPCE, organizaciones que actúan como Amicus Curiae y pidieron que se revoquen los sobreseimientos de Milei, su hermana Karina y los otros nueve acusados.

La sombra de los sobreseimientos

El juzgado que subroga Rafecas está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, de licencia hasta el 6 de noviembre. Fue Martínez de Giorgi quien el 23 de octubre sobreseyó a los once imputados del criptoescándalo, tres meses después de que Milei designara a su esposa, Ana Juan, al frente del juzgado federal de Hurlingham.

La decisión se tomó a instancias de un dictamen de Taiano que, según el material periodístico, actuó más como defensor que como acusador público. Con el correr de las horas, la intención de Rafecas sería que los planteos de la PIA y de las ONG los resuelva Martínez de Giorgi cuando retome el juzgado, lo que le permitiría al subrogante no expedirse sobre una causa extremadamente sensible para el Gobierno.

El antecedente del nombramiento de la esposa del juez que sobreseyó a los acusados sobrevuela la escena: la designación de Ana Juan se concretó antes del fallo que cerró la causa. Ahora, el envío del pliego de Rafecas al Senado suma un nuevo capítulo a una trama judicial que tiene al Presidente como principal beneficiado del cierre de la investigación.