El viernes pasado, el gobierno de Javier Milei anunció que interpondrá una denuncia penal contra cinco empresas por presuntas actividades de búsqueda y extracción de hidrocarburos en la zona continental de las Islas Malvinas, en contravención a la Ley 26.659.
La iniciativa será liderada por el canciller Pablo Quirno, con el apoyo del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Según el comunicado oficial, la acción se dirige a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd..
Empresas señaladas
Tres de las compañías – Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. – habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de extracción en la zona. La Casa Rosada sostiene que esas autorizaciones vulneran la normativa argentina que regula los recursos naturales en torno a las Malvinas.
"Esta medida busca proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina", indicó la Oficina del Presidente.
Alcance de la investigación
La denuncia no se limitará a las sociedades mencionadas; incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado en los hechos bajo investigación.
Implicancias y próximos pasos
La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización de las autoridades nacionales. El gobierno también ordenó al ministro de Economía, Luis Caputo, que priorice en el Presupuesto 2027 la financiación de la Base Naval Integrada y otros proyectos vinculados a la seguridad nacional. La iniciativa presupuestaria deberá presentarse al Congreso el 15 de septiembre.
En una declaración previa, la Oficina de Prensa subrayó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son territorio argentino por “historia y por derecho”, y que la ocupación británica ha intensificado la extracción de recursos naturales sin reconocimiento legal.
El Ejecutivo reiteró que seguirá tomando acciones frente a cualquier actividad que considere una vulneración de la soberanía y los intereses argentinos en esas áreas.
