El gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció que no autorizará el desarrollo del campo petrolífero Sea Lion, ubicado a unos 220 km al norte del archipiélago de las Malvinas. La decisión se produce en medio de la disputa de soberanía que mantiene el país con el Reino Unido.

Detalles del proyecto

Sea Lion es un yacimiento offshore situado a 450 m de profundidad en el lecho del Atlántico sur. La iniciativa es una asociación entre la empresa israelí Navitas Petroleum, que controla el 65 % del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35 % restante. Según datos de Navitas, las reservas probadas y probables ascienden a 314 millones de barriles de crudo, con una producción inicial estimada de 50.000 barriles diarios a partir de marzo 2028.

Reacción del gobierno

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en nuestro mar", declaró Milei en cadena nacional.

El mandatario añadió que permitir la extracción sería "un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos". En consecuencia, el Ejecutivo prometió adoptar medidas para bloquear cualquier intento de explotación por parte de empresas extranjeras en la zona.

Cronograma y costos

El plan de desarrollo contempla una inversión total de USD 1.800 millones para la fase inicial, que incluye la perforación de 11 pozos y la instalación de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Una segunda etapa, prevista tres años después, añadiría 12 pozos más, mientras que una fase posterior en el área central preveía la perforación de 20 pozos. El presupuesto total del proyecto se eleva a USD 3.900 millones, con una vida útil proyectada de 30 años.

Contexto y próximos pasos

El rechazo de Milei se inserta en una larga reclamación argentina sobre los recursos naturales del entorno de las Malvinas, que data de más de medio siglo. El gobierno indica que seguirá trabajando en la defensa de la soberanía y que cualquier intento de inversión extranjera será evaluado bajo la normativa nacional.