El Poder Ejecutivo firmó el decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que amplía las reglas de protección del espacio aéreo para la visita del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La norma permite, como recurso extremo, abatir aeronaves declaradas hostiles en dos zonas restringidas de Buenos Aires y Córdoba.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Defensa Carlos Presti. Justamente Presti será quien tenga la última palabra sobre cualquier uso de la fuerza durante esos días, una atribución que el texto le asigna de forma indelegable.

Un operativo con varios filtros antes del disparo

El derribo no se activa por una simple desobediencia a los controles. Antes de llegar a esa instancia, las fuerzas deberán completar la identificación de la aeronave, interceptarla, emitir advertencias y ordenar el aterrizaje. Solo si persiste una conducta hostil se podrá evaluar el uso de armamento.

El decreto entiende por hostilidad un ataque armado o la amenaza inminente de usar una aeronave como arma contra personas, intereses vitales del país u objetivos estratégicos. Para determinarlo se exigen indicios concretos, como la presencia de armamento o una trayectoria, altura o velocidad que sugieran un ataque dirigido a un blanco específico.

La declaración de hostilidad recaerá en el comandante conjunto aeroespacial, Marcelo Alejandro Dalle Nogare, quien deberá informar de inmediato al ministro de Defensa y a los equipos que participen del operativo. La ejecución quedará supeditada a la aprobación de Presti y se hará con medios militares bajo su mando operacional, con recaudos para reducir daños en tierra.

Qué pasa con las aeronaves civiles

El texto reserva un trato particular para los vuelos civiles. Solo podrán ser alcanzados por la medida ante un ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida de personas que no pueda neutralizarse de otra manera. Si el problema se limita a no acatar instrucciones, la respuesta deberá quedarse en la intercepción y la orden de aterrizaje.

El Ejecutivo justificó la decisión en la llegada de autoridades nacionales y extranjeras y en las concentraciones masivas que se esperan en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Según los considerandos, ese contexto obliga a extremar la protección de las personas y de los objetivos de valor estratégico.

Coordinación con la ANAC y niveles de control

El Comando Conjunto Aeroespacial trabajará junto a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para instrumentar las restricciones en las dos zonas alcanzadas. El organismo civil deberá aportar el apoyo que requiera la conducción militar.

El comandante podrá escalar el control según la gravedad. El primer nivel prevé coordinar con los servicios de navegación aérea y desviar vuelos civiles fuera del área cuando sea posible. El segundo pone esos servicios bajo subordinación directa del Comando. El nivel más alto implica vaciar el espacio aéreo de aeronaves civiles para que operen solo los medios militares, con autorizaciones de vuelo sujetas al control de tránsito.

La norma enmarca el operativo en la defensa nacional frente a agresiones externas. Las aeronaves de origen interno, en cambio, siguen bajo la Ley de Seguridad Interior, que solo admite el uso de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de manera excepcional y con declaración previa de estado de sitio.