El Ejecutivo nacional anunció la puesta en marcha de restricciones temporales al tráfico aéreo en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en el marco de la visita del papa León XIV.

A través del Decreto N° 1334/2026, publicado en el Boletín Oficial, se ampliaron las Reglas de Protección Aeroespacial, un protocolo que autoriza, como último recurso, el uso de la fuerza contra aviones externos considerados hostiles.

Ámbito y objetivo de la medida

La norma extiende las disposiciones vigentes desde 2016 para las zonas de operaciones restringidas (TMA Baires y TMA CBA). Su fin es garantizar la seguridad de autoridades nacionales, internacionales y del público presente en los actos religiosos.

¿Cuándo y cómo se aplicará la fuerza?

El decreto define “acto hostil” como cualquier ataque armado o la amenaza de emplear una aeronave como arma contra personas, infraestructura crítica o objetivos estratégicos. La decisión de declarar hostilidad corresponde al comandante conjunto aeroespacial, y la autorización para emplear armas debe ser firmada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, delegada por el presidente Javier Milei.

Protocolo para aviones civiles

Las aeronaves de uso civil no quedarán prohibidas de forma general. Ante la desobediencia de una orden, la respuesta prevista es la intercepción y la imposición de un aterrizaje en el punto que indique la autoridad competente.

Coordinación entre organismos

El Comando Conjunto Aeroespacial liderará la operación y trabajará en conjunto con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que deberá aplicar las restricciones y brindar el apoyo necesario al mando militar.

Alcance y flexibilidad

Aunque no se establece una prohibición total de vuelos, las autoridades podrán graduar las limitaciones y desviar aviones civiles fuera del área afectada para preservar la seguridad operativa.

"El uso de la fuerza se limitará al último recurso y bajo estrictas condiciones", señaló el ministro Presti.

Con estas disposiciones, el gobierno busca minimizar riesgos a la vida y a los bienes mientras se desarrollan los actos papales en el país.