La madre de Antonio Alejandro Rassi Roque, de 18 años, exige que se investigue la muerte de su hijo ocurrida el 18 de agosto de 2025 dentro de la Unidad Militar 5050 de La Habana, mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio.

Mercedes Roque sostuvo que su hijo sufrió presiones y maltrato psicológico antes de fallecer y rechazó la versión oficial que lo califica como una “decisión propia”.

La denuncia de la familia

"La imposición del servicio militar te dejó atrapado en la Unidad 5050 del Calvario, en la posta número 6, donde falleciste solito", escribió la madre en una publicación dirigida al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera.

Roque también señaló al primer teniente Aldo Fábregas Ardiles y al mayor Ricardo Martínez, al frente de la unidad cuando su hijo ingresó, exigiendo explicaciones.

Según su relato, el mayor permaneció encerrado cuatro horas en una oficina después del fallecimiento.

Señales de deterioro y sanciones

Durante los 21 días que Antonio estuvo en la unidad, la madre observó cambios: insomnio, falta de higiene, desorientación y uniforme sucio. Además, afirmó que su hijo recibió una amenaza de traslado a una unidad de castigo y una sanción de 49 días sin permiso de salida, medidas que, según la familia, influyeron en el desenlace.

La última conversación entre ambos fue a las 8:55 del día de su muerte; Antonio informó que iniciaría una guardia. Murió a las 14:45, según la madre.

Contexto de muertes en el servicio militar

Un estudio publicado en septiembre por el TOQUE documentó 89 fallecimientos de reclutas entre 2017 y 2026. De esos, 33 fueron catalogados como accidentes y 31 como suicidios, representando el 72 % del total. La mayoría de las víctimas tenían 18 o 19 años.

Entre 2022 y 2025 se registraron 70 muertes, frente a 15 entre 2017 y 2021. Sólo ocho de 46 familias consultadas indicaron que existió una investigación oficial, y ninguna consideró que el resultado hubiera aclarado completamente los hechos.

Próximos pasos judiciales

El expediente del caso fue archivado provisionalmente el 2 de julio de 2026, lo que permite reabrirlo si aparecen nuevos elementos. Hasta la fecha no se han anunciado imputaciones contra militares vinculados.

Mercedes Roque anunció que presentará una nueva queja ante las autoridades militares para que el caso sea revisado nuevamente.