El lunes 2 de noviembre de 2026 se dio comienzo al juicio oral en la sala del tribunal de Rosario contra cuatro dirigentes del Sindicato de Camioneros de Santa Fe. El proceso investiga el delito de desbaratamiento de empresa, tipificado con pena de dos a seis años de prisión, por el bloqueo que impidió la actividad de la compañía Razzini durante 90 días en 2020.

Antecedentes del conflicto

En junio de 2020, la empresa de distribución de materiales de construcción, fundada hace seis décadas por la familia Razzini, sufrió un cerco que incluyó amenazas, agresiones físicas y el uso de armas de fuego contra sus dueños. La medida surgió tras la exigencia del sindicato de que 18 de los 100 empleados se afiliasen, a pesar de que la normativa asignaba la representación a la rama de comercio y a la UOCRA.

Desarrollo del juicio

Las audiencias, presididas por los magistrados Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, se extenderán hasta el jueves. La primera testigo será la diputada libertaria Verónica Razzini, quien también fundó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) tras los hechos. > "Quiero que la justicia actúe con la fuerza que corresponde; no es solo por mí, sino por los inversores y emprendedores que buscan crecer", declaró la legisladora.

El tribunal revisará pruebas audiovisuales y testimonios de la escribana que certificó el bloqueo, a la que la empresaria calificó como "una heroína valiente".

Repercusiones y declaraciones

El caso reactivó una causa judicial que había quedado estancada y estuvo a punto de prescribir hasta que el fiscal Germán Mazzoni impulsó su reanudación. La presión de Razzini y su movimiento contribuyó a la inclusión de nuevas disposiciones en la Ley Bases y la Ley de Modernización Laboral, que contemplan sanciones más severas para los bloqueos y responsabilizan a los dirigentes sindicales.

"Hay una cantidad enorme de videos y documentos que demuestran la gravedad del bloqueo", afirmó Razzini durante la primera audiencia.

El juicio representa un punto de inflexión para la relación entre el sector empresarial y los sindicatos en la provincia, y podría sentar precedentes sobre la responsabilidad penal de los líderes sindicales en acciones de presión.