El pasado miércoles el Consejo de la Magistratura aceptó iniciar un expediente contra el juez laboral Raúl Ojeda, quien había impedido la aprobación de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. La medida fue presentada por el Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), un conglomerado de empresarios y dirigentes políticos.

Impulso del gobierno

El MEAB, que cuenta con el respaldo de figuras como la senadora Patricia Bullrich, la dirigente libertaria Florencia Arietto y la diputada Verónica Razzini, presentó la acusación tras la reciente decisión de Ojeda de rechazar un planteo de bloqueo sindical. El diputado cordobés Gonzalo Roca, también de La Libertad Avanza, aportó el voto decisivo que permitió que el proceso siguiera adelante.

Reacciones del sector judicial

Varias organizaciones del ámbito judicial se opusieron al expediente. La Asociación de Jueces del Trabajo (Anjut) y la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) calificaron la iniciativa como un ataque a la independencia del poder judicial. > "Este proceso vulnera la independencia judicial y persigue intereses políticos", advirtió la Anjut.

La diputada y sindicalista Vanesa Siley había propuesto desestimar la causa, pero su iniciativa fue rechazada en la comisión.

Orígenes y críticas al MEAB

El movimiento nació en 2021 bajo la dirección de Verónica Razzini, empresaria de Rosario que había tenido enfrentamientos con el sindicato de Camioneros liderado por Sergio Aladio. El grupo se ha consolidado como un frente de presión contra lo que denomina "bloqueos sindicales" a pequeñas empresas.

El propio conglomerado enfrenta problemas legales: la empresa matriz de Razzini entró en concurso de acreedores y este año se investiga por presunto fraude inmobiliario. Casos similares, como el de Lácteos Vidal en Carlos Casares, han sido citados para ilustrar la estrategia del MEAB de presentar reclamos laborales como supuestos bloqueos.

El Consejo de la Magistratura deberá definir en las próximas semanas si se generan pruebas y se avanza hacia una posible sanción contra el magistrado.