El director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, puso el foco en la impunidad y respaldó el avance del decreto 84-2026, la herramienta legal con la que el país busca procesar a integrantes de organizaciones criminales. Lo hizo con una frase directa: "Basta de alcahueterías con los delincuentes".

La normativa se aplica sobre estructuras que el propio Estado hondureño calificó como terroristas. Según el jefe policial, el objetivo no es solo detener sospechosos, sino sostener las acusaciones en el tiempo y llegar a juicios con resultados concretos.

Más de 30 casos ya avanzaron

Oseguera Mass informó que más de 30 personas procesadas bajo el decreto superaron la audiencia inicial. Esa etapa, explicó, sirvió para que los equipos de investigación y las fiscalías ganaran rodaje en la coordinación de pruebas y en la presentación de los expedientes ante los tribunales.

La estrategia apunta a que policías, fiscales y peritos especializados trabajen de manera articulada. La idea es que las acusaciones lleguen firmes a cada fase del proceso penal y que los plazos se acorten.

"Esperamos avanzar hacia juicios en plazos más cortos y obtener resoluciones condenatorias", sostuvo el funcionario, que también mencionó la existencia de peritos de vinculación certificados dentro de la fuerza para respaldar técnicamente las causas.

La llave de la cooperación internacional

Uno de los puntos que más destacó el director policial es el reconocimiento de 24 organizaciones criminales como asociaciones terroristas. Para Oseguera Mass, esa clasificación habilita una persecución más allá de las fronteras y mejora la coordinación con otros países.

"Esto es una tendencia mundial. Nosotros mismos hemos reconocido 24 organizaciones criminales como asociaciones terroristas. Eso nos permite y nos coloca en una posición regional y continental articulada", afirmó.

En la práctica, el enfoque permite rastrear a sospechosos que cruzan fronteras y coordinar con otros Estados. "Si un individuo traspasa la frontera, nosotros lo estamos persiguiendo, podemos coordinar con otros países", agregó el jefe policial, que aclaró que esas acciones se enmarcan en los mecanismos legales vigentes.

Un sistema penitenciario más duro

La ofensiva también contempla un régimen carcelario estricto para quienes reciban condenas por delitos vinculados a estas estructuras. Oseguera Mass calificó el contexto actual como un "momento histórico" para Honduras y pidió sostener el rumbo de la estrategia.

El funcionario insistió en que las capturas, extradiciones o remisiones de sospechosos deben cumplir los procedimientos de cada jurisdicción y los acuerdos de cooperación entre los países involucrados.