El Senado francés inició hoy, martes 27 de octubre de 2026, la discusión de un proyecto de ley que busca castigar con mayor dureza a quienes participen en destrozos durante manifestaciones y regular la difusión de contenidos incitantes en internet.
Endurecimiento de penas
El texto propone que la pena máxima de prisión pase de un año a tres años y que las multas aumenten de 15.000 a 45.000 euros. Además, se contempla la posibilidad de embargar prestaciones sociales a los responsables de los daños. El límite de reembolso para víctimas, fijado en 10.000 euros por persona, ha generado críticas por considerarse insuficiente.
Medidas sobre plataformas digitales
Una enmienda del Gobierno permitiría solicitar el bloqueo o la desindexación de redes que no retiren contenidos ilícitos en plazos muy cortos: una hora para publicaciones que inciten a atentados o a la insurrección, y hasta 24 horas para incitación a delitos graves como robos o destrucción del orden público. La propuesta también ampliaría las competencias de Pharos, el servicio policial que recibe denuncias sobre contenido en línea.
"Las redes sociales pueden acelerar la propagación de la violencia y deben responder rápidamente", señaló un portavoz del Ejecutivo.
Reacciones y próximos pasos
Los partidos de izquierda advirtieron que la reforma podría limitar la libertad de manifestación. Por su parte, los defensores del proyecto argumentan que la medida diferencia a los manifestantes pacíficos de quienes cometen delitos. Tras la votación en el Senado, el Gobierno espera que la iniciativa siga rápidamente a la Asamblea Nacional para responder a los episodios de violencia registrados en octubre pasado.
"Queremos que la responsabilidad sea clara y que las víctimas reciban una reparación adecuada", afirmó un senador a favor del proyecto.
El debate se produce tras los saqueos y disturbios del 17 de octubre, que motivaron la presentación de la iniciativa, conocida como “el que rompe, paga”.
