El gobierno de Estados Unidos ha decidido implementar una política para disuadir a los ciudadanos nicaragüenses de permanecer en el país de forma irregular. Según funcionarios del Departamento de Estado, la medida consiste en exigir fianzas de hasta 20,000 dólares a los solicitantes de visas de turismo y negocios.

Contexto de la medida

La decisión se basa en los altos índices de permanencia irregular de ciudadanos de Nicaragua y otros 50 países, incluidos Cuba, Granada y Venezuela. La norma establece que los solicitantes de visas B-1/B-2 deberán depositar una fianza de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares, determinada según la discreción de los funcionarios consulares.

Impacto en los solicitantes

La medida ha generado críticas entre organizaciones de derechos de los migrantes, quienes advierten que las fianzas representan una barrera económica significativa para los solicitantes de países con bajos ingresos. > 'La exigencia de una fianza tan elevada restringe el alcance de la política y afecta especialmente a ciudadanos de naciones con contextos de crisis', afirma un vocero de una organización de derechos de los migrantes.

Condiciones para la devolución de las fianzas

El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado y podrá ser recuperado una vez que el viajero cumpla con las condiciones de su visado y regrese a su país de origen. La medida ha provocado una reducción del 83% en la emisión de visas de turismo y negocios para los países alcanzados por la disposición.

Situación en Nicaragua

La situación de Nicaragua en el contexto internacional ha captado la atención de distintos gobiernos a raíz de las crecientes restricciones políticas y sociales. La medida adoptada por Estados Unidos coincide con un escenario interno marcado por la represión estatal, el cierre de espacios democráticos y el incremento del control gubernamental sobre la sociedad civil.