La Cámara de Diputados se encaminaba esta noche a dar media sanción a un proyecto de ley que ordena la atención de las personas con discapacidad y regulariza los pagos a los prestadores médicos. El oficialismo de La Libertad Avanza logró sumar el respaldo de Unión por la Patria y de Provincias Unidas, además de sus aliados de siempre, tras una serie de negociaciones que se extendieron hasta bien entrada la sesión y que modificaron de manera sustancial la iniciativa original.

La sesión de este miércoles, una megasesión con varios temas en agenda, tuvo como eje la búsqueda de desactivar uno de los frentes más sensibles para el gobierno de Javier Milei. La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, ex Pro, encabezó las conversaciones junto al presidente de la Cámara, Martín Menem. Desde temprano circuló un borrador que fue recibiendo ajustes a medida que avanzaba el debate.

El giro que destrabó el acuerdo

El acercamiento con el peronismo se activó cuando Rodríguez Machado y su par Gisela Castelnuovo abrieron un canal con Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, referentes de Unión por la Patria. Las conversaciones dejaron entrever que una parte del bloque que conduce Germán Martínez estaba dispuesta a acompañar si se incorporaban una serie de cambios. El colectivo de personas con discapacidad respaldó la propuesta oficialista durante la tarde.

Hasta ayer, ese sector se inclinaba por prorrogar la emergencia en discapacidad, una alternativa que apoyaban el bloque de UP, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda. El escenario cambió con las concesiones que el oficialismo fue aceptando sobre la marcha.

Qué establece el texto

El proyecto fija por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora definía el Poder Ejecutivo. Entre las condiciones figuran contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

También mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido, y refuerza el respaldo presupuestario: si las partidas del Ministerio de Salud no alcanzan, se podrán usar fondos del Tesoro. Además, los recursos por beneficiario no perderán valor frente a la inflación.

El punto más delicado es la deuda con los prestadores. El Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia para presentar un cronograma de pagos y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que rondan los $278.323 millones. Se trata de un reclamo expreso del Pro.

En cuanto a las pensiones por invalidez, la iniciativa garantiza el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud y la actualización mensual del nomenclador por inflación, un punto que había sido eliminado del proyecto de presupuesto.

El mensaje al Gobierno

El misionero Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque de Argentina Federal, fue quien capitalizó los reclamos en un dictamen propio que incorporó aportes a la iniciativa original de LLA. Al presentarlo, envió un mensaje al Gobierno: le pidió que se comprometa a retirar el capítulo VI del proyecto de presupuesto, que incluye derogaciones y modificaciones contrarias a la ley que impulsan las principales figuras legislativas del oficialismo, como Menem, Rodríguez Machado, Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici.

En concreto, el proyecto presupuestario propone derogar el artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de las prestaciones. Ese punto es clave para el colectivo y para los bloques que ahora acompañan la iniciativa.

El respaldo del peronismo y de Provincias Unidas le permite al oficialismo encaminar una norma que busca cerrar uno de los conflictos más visibles en materia social. La votación se aguardaba para el cierre de la sesión, después de una jornada de negociaciones intensas.