Las comisiones de Legislación General y de Población del Senado retomarán este miércoles el tratamiento de un proyecto para crear un registro nacional de deudores alimentarios morosos, un tema que el Congreso ya discutió en otras oportunidades y que nunca llegó a convertirse en ley. La reunión busca un despacho unificado entre dos iniciativas que hoy tienen diferencias de fondo, en medio de la duda sobre si habrá sesión esta semana.

Los textos sobre la mesa son del peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y de la filo radical Edith Terenzi (Chubut). El bloque libertario que conduce Patricia Bullrich (Capital Federal) planteó objeciones y dejó entrever un respaldo al proyecto de la patagónica, aunque las bancadas acordaron pasar a cuarto intermedio para intentar un consenso.

Dos modelos para el mismo registro

La distancia principal pasa por el alcance de la ley. Bensusán propone que el registro funcione dentro del Ministerio de Justicia y que sean las provincias las que envíen la información, sin alterar los requisitos locales. Según explicó en la reunión, cada jurisdicción mantiene su propio criterio sobre cuántas cuotas impagas convierten a una persona en morosa.

"El registro, lo único que va a hacer, es incorporar la información que le manden las provincias sin modificar los requisitos", sostuvo el senador pampeano.

Su iniciativa también contempla sanciones a nivel nacional, como exigir el certificado de libre deuda para tramitar el pasaporte o para acceder a concesiones y permisos que otorga el Estado nacional, además de la prohibición de concurrir a espectáculos públicos.

Terenzi, en cambio, quiere que la ley sea de orden público, de modo que la adhesión provincial no sea optativa. Su argumento es que un registro con provincias adheridas y otras afuera sería incompleto y, por lo tanto, ineficaz.

"Si algunas lo hacen y otras no, tendríamos un registro nacional ineficiente o, por lo menos, incompleto", advirtió la chubutense.

La senadora aclaró que su texto no fija prohibiciones ni consecuencias adicionales por figurar en el registro, porque entiende que el deudor ya las afronta en su propia jurisdicción.

Lo que reclamó el oficialismo

Bullrich pidió incorporar aspectos que, a su juicio, faltan en los proyectos. Mencionó la posibilidad de adherir a las notificaciones de Interpol, ya que sin un proceso penal de por medio estas personas no pueden ser extraditadas, pero sí localizadas en otros países.

La legisladora también sugirió revisar qué actividades pueden realizar los inscriptos y recordó que ya existe un registro nacional de deudores alimentarios que funciona en la Dirección de Espectáculos del Ministerio de Seguridad, al que se van sumando provincias y que alcanza tanto a eventos deportivos como de otro tipo.

Sobre la salida del país, planteó que la restricción debe quedar atada a una orden judicial, porque ninguna autoridad migratoria puede frenar a un ciudadano en la frontera sin ese respaldo.

Un antecedente que quedó trunco

El Congreso ya abordó la creación de un registro de este tipo en debates anteriores, pero la iniciativa no prosperó. Ahora la discusión se reabre con dos textos que compiten y un oficialismo que exige modificaciones. La definición podría llegar este miércoles, cuando el plenario de comisiones vuelva a reunirse para buscar un dictamen común.