El 1 de septiembre de 2026 el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó el decreto 915/2026 que permitía la transferencia de 21.000 hectáreas del Área Natural Protegida Península de Magallanes a la sociedad ASB Hospitality Calafate S.A.U., controlada por capital de los Emiratos Árabes Unidos. La medida fue impugnada este martes ante el juzgado federal de Río Gallegos.

El mismo decreto se publicó de forma abreviada en el Boletín Oficial provincial el 22 de septiembre, justo una semana antes de que la Corte Suprema de Justicia emitiera su fallo sobre la ley de tierras y el DNU 70/2023. La zona en cuestión limita al sur con el Lago Rico y al norte con el Ventisquero Perito Moreno, dentro de un área protegida que prohíbe la venta a extranjeros.

La acción judicial

Los legisladores provinciales María Agostina Mora Doldán, Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú y Carlos Alberto Godoy, junto al Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), presentaron una medida de amparo para declarar inconstitucional el decreto y el artículo 154 del DNU 70/2023.

"Esta es la foto más representativa del plan de Milei en la Patagonia y en Santa Cruz en particular", señaló Fabián Toledo, director de CEJUS, en entrevista con El Destape.

Fundamento legal

La Ley 26.737 de protección del dominio nacional, vigente al momento de la firma, prohíbe la titularidad extranjera de inmuebles que tengan acceso directo a cuerpos de agua de gran envergadura, según lo establece su artículo 10. El área de la Península de Magallanes está catalogada como ribereña, lo que hace que la autorización del gobernador contravenga expresamente la norma.

Además, la operación se realizó sin la Previa Conformidad exigida por el régimen federal de Zonas de Seguridad, requisito indispensable para transferencias de este tipo.

El expediente fue remitido al juez Marcelo Vázquez, quien ya lo puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal. Los amparistas también señalaron violaciones a la Ley General del Ambiente y a otras disposiciones vinculadas al manejo de recursos naturales.

El caso seguirá su curso en la justicia federal; de confirmarse la inconstitucionalidad, la venta quedaría anulada y las tierras permanecerían bajo la protección del Estado.