El martes 13 de octubre de 2026 el gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una petición de medidas provisionales destinada a frenar la explotación del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa buscaba bloquear nuevas actividades hidrocarburíferas, limitar el uso de datos de exploración, proteger el medio marino y evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos.

Reacción de los mercados

En la Bolsa de Londres, Rockhopper Exploration registró una ganancia intradía del 4,2 %, impulsada por la tensión geopolítica en Irán. Tras conocerse la solicitud argentina, la cotización retrocedió desde un máximo de £57 a £52,60 al cierre, a las 13:00 hora argentina, reduciendo la subida inicial del 12 % de la mañana.

En Tel Aviv, Navitas Petroleum subió 9,4 % en la sesión matutina, alcanzando 12.000 shekels por acción. Al cierre, a las 12:25 hora argentina, la variación se moderó a 6,7 %, con un precio de 11.830 shekels.

El repunte de los valores se dio en un contexto de alza del 8 % en el precio del crudo durante octubre, con el Brent rondando los US$106 por barril para entrega en diciembre.

Presión previa y sanciones

El 2 de octubre la empresa estadounidense Halliburton anunció que cesará cualquier actividad de exploración o producción alrededor de las Islas Malvinas, tras recibir información de autoridades argentinas sobre "nueva legislación civil y penal". La compañía declaró: > "Ni nosotros ni compañías subsidiarias que trabajan con nosotros seguirán adelante en actividades de exploración o producción en o alrededor de las islas Malvinas".

Como consecuencia, el 5 de octubre las acciones de Rockhopper cayeron cerca del 20 % en Londres. Desde que Milei anunció el 3 de septiembre el endurecimiento de sanciones contra las petroleras en Malvinas, Rockhopper ha registrado una caída acumulada del 33 %, mientras que Navitas ha retrocedido entre 11 % y 11,5 %.

El gobierno también presentó un proyecto de ley para reformar la normativa de sanciones de 2011, endureciendo las penalidades para las empresas, sus accionistas y proveedores que operen en la zona.

Se espera que el tribunal analice la solicitud en los próximos días, lo que podría definir el futuro operativo del proyecto Sea Lion y la exposición bursátil de las compañías involucradas.