El informe pericial presentado en los tribunales federales de Comodoro Py indica que la compra del departamento de la calle San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta Cristina Fernández cumple su condena, se realizó mediante una transferencia de $4 millones (cerca de US $450 mil) extraídos de una caja de ahorro del Banco Nación. La operación, fechada el 6 de mayo de 2015, no contó con la firma del depositante ni con la autorización del cajero.

Detalles del peritaje

El peritaje, elaborado en octubre 2020, constató que la transacción carecía de la rúbrica del titular y de la del funcionario bancario responsable, además de no disponer de documentación que justificara el origen de los fondos. Según el informe, "no se encontró la firma del depositante" y los comprobantes de caja estaban incompletos.

Cronología de los hechos

A las 14:02:52 del miércoles 6 de mayo de 2015 se registró la autorización para extraer el dinero. Cuatro segundos después, a las 14:04:33, se generó el ticket de depósito en la cuenta de Los Sauces SA, empresa vinculada a la familia Kirchner. El comprobante mostraba a la presidenta como depositante, aunque sin su firma manuscrita. A las 14:04:37 se efectuó la extracción del efectivo.

Otros movimientos sospechosos

Ese mismo día, la cuenta de Los Sauces SA fue debitada con $3.959.000 bajo el concepto “cheque de servicio”. Los investigadores determinaron que dicho cheque nunca existió físicamente y que la sucursal de Río Gallegos no conservó el comprobante. Un correo interno enviado a las 16:23 solicitó depositar esa suma en la cuenta corriente de la empresa Pilisar SA, indicando como destino la compra de “Certificados de Derivación de Ingresos” (Cedines), títulos emitidos entre 2009 y 2011.

Implicancias judiciales

El sumario interno del Banco Nación, abierto tras la salida del kirchnerismo del poder, señala que la operación se realizó sin la presencia de los titulares ni de un apoderado, y sin una solicitud escrita. Estas irregularidades encendieron alarmas en los tribunales y podrían derivar en nuevas diligencias.

"La falta de firmas y la ausencia de documentación respaldatoria son graves omisiones", afirmó el fiscal a cargo del caso.

El peritaje sigue vigente y se mantiene como pieza clave en el proceso judicial que investiga la presunta financiación irregular de la compra inmobiliaria.