La Fiscalía de Cuba ha solicitado que un tribunal imponga siete años de cárcel a Yusniel Leyva González por publicaciones en Facebook, según un expediente divulgado por la organización de derechos humanos Cubalex. El detenido lleva bajo custodia desde octubre 2025 en la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como “El Típico”.

Antecedentes del proceso

Leyva González fue arrestado en octubre de 2025 después de pasar 18 días en la sede de Instrucción Provincial. Las autoridades lo habían catalogado desde 2022 como una persona de “interés operativo por subversión política ideológica”.

Publicaciones que motivaron la acusación

El expediente se basa en videos, imágenes y textos difundidos durante 16 días, entre septiembre y octubre de 2025, en una cuenta de Facebook con 1,268 seguidores. Entre los contenidos se encontraban un video con la consigna “Libertad para Cuba”, críticas a dirigentes del Partido Comunista y una imagen que vinculaba al presidente Miguel Díaz-Canel con Nicolás Maduro.

"La actividad en Facebook configuró una cadena delictiva", afirmó la Fiscalía en el documento.

Cargos y argumentos de la Fiscalía

Los cargos incluyen desacato, desórdenes públicos continuados y difamación de instituciones. La Fiscalía argumenta que al etiquetar a decenas de usuarios en varios grupos (de 69 a 90 personas) se pretendía convocar a la población a manifestarse en la calle. Sin embargo, Cubalex señaló que no se registraron protestas ni alteraciones del orden público vinculadas a esas publicaciones.

"No se constató ningún hecho material de alteración del orden público", señaló Cubalex.

Críticas y posibles repercusiones

Cubalex cuestionó la validez de las pruebas, que incluyen peritajes de la apariencia física del acusado y análisis de su perfil digital, y advirtió que la persecución penal por opiniones en internet puede ejercer un efecto disuasorio sobre otros usuarios. La sentencia definitiva dependerá de la resolución judicial que aún está pendiente.

Contexto y próximos pasos

El caso se inserta en una serie de procesos en los que el Estado cubano persigue a disidentes por actividades en redes sociales, lo que genera preocupación entre observadores internacionales sobre la libertad de expresión en la isla.