Dos periodistas del medio comunitario Amanecer Habanero, vinculado al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), denunciaron que pasaron alrededor de seis horas bajo custodia policial en La Habana y que fueron amenazados con un proceso penal si continuaban publicando. Se trata de Dunia Medina y Alejandro Uranga, un matrimonio que relató los hechos por escrito al Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), que difundió la denuncia.

El episodio habría ocurrido entre el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre en el municipio Diez de Octubre. Según el OCLE, no aparecieron otras publicaciones sobre el caso ni una versión oficial del régimen, por lo que la documentación se basa únicamente en los testimonios de los dos periodistas y no tiene corroboración independiente.

Una citación verbal, sin papel

De acuerdo al relato, todo empezó cuando Uranga salió a tirar la basura cerca de su casa y un hombre vestido de civil lo abordó. El individuo le indicó que él y Medina debían presentarse al día siguiente a las 8:00 en la Unidad Policial de Aguilera. Uranga pidió la citación por escrito y el hombre se negó a dársela. Además, les advirtió que, si no iban, los irían a buscar "en calidad de detenidos".

La pareja se presentó el sábado antes del horario fijado. Después de una espera inicial, los separaron y los llevaron a oficinas diferentes. Cada uno quedó solo durante períodos prolongados y fue entrevistado por varios funcionarios.

Preguntas sobre el medio y una amenaza directa

Los interrogatorios giraron en torno a su trabajo en Amanecer Habanero. Les preguntaron quién los había invitado a sumarse al proyecto, a quién enviaban los textos, por qué vías digitales los mandaban, quién era su contacto dentro del ICLEP, cuánto cobraban por publicación y quién dirigía el medio. Ambos se negaron a responder.

Medina contó que la llamaron a los 32 minutos. El mismo hombre que había hecho la citación verbal le dijo que incumplía la legalidad y que podía ser procesada por escribir para el ICLEP. Más tarde, una mujer le preguntó quién la había incorporado al medio y la llamó "vulgar mercenaria". La periodista interpretó que los insultos buscaban provocar una reacción que derivara en una acusación por desacato. Pasada la hora y media, otro funcionario le informó que estaba detenida. Cerca de las 14:00, una agente uniformada le pidió que firmara un acta de advertencia, pero Medina se negó.

Uranga, por su parte, fue llamado 57 minutos después de llegar. Primero lo interrogó una mujer y, tras más de una hora y media a solas, volvió a hablar con el hombre que los había citado el día anterior. Después entró un oficial de mayor rango que repitió las amenazas. Según su testimonio, el funcionario le gritó:

"Tu mujer se queda presa".

Una policía uniformada también le acercó un acta de advertencia para que la firmara, y él la rechazó.

Un arresto anunciado que no se concretó

Medina salió de la unidad antes que su esposo. A Uranga le devolvieron el documento de identidad al final del procedimiento y le dijeron que ella había quedado arrestada. Sin embargo, al salir la encontró esperándolo en una esquina frente a la dependencia policial. Los funcionarios no les confiscaron los teléfonos.

Según el OCLE, los agentes les dijeron que sus actividades respondían a intereses mercenarios, que el Estado no toleraría el periodismo independiente y que debían asumir las consecuencias si seguían escribiendo.

El Observatorio encuadró lo sucedido bajo los indicadores de detención arbitraria y de ataques o amenazas psicológicas contra periodistas. Sostuvo que ambos permanecieron bajo control de funcionarios durante unas seis horas y sin una orden judicial que respaldara la medida.