El jueves 15 de octubre la Cámara de Diputados de la Nación votará el DNU 70/2023, que deroga la normativa que controla la propiedad del territorio nacional. La oposición intenta impedir su sanción y, al mismo tiempo, celebra la reciente medida de la Corte Suprema de convocar a un panel de jueces para analizar una causa vinculada a la Ley de Tierras.

Corte y la Ley de Tierras

La decisión judicial se interpreta como una señal de que el máximo tribunal podría frenar la polémica social generada por la eliminación del último obstáculo legal a la extranjerización de tierras. "Es una señal muy fuerte la que están mandando", comentaron dirigentes del peronismo y de sectores federales. Según ellos, la medida refuerza la necesidad de seguir acumulando adhesiones tanto en la calle como en el Congreso.

Juego de votos en el Congreso

Los legisladores indecisos esperan la postura de los gobernadores provinciales antes de definir su voto. "Hablamos con todos aunque no tengamos buenos resultados", admitió un encargado del quórum, que añadió que la situación es compleja pero superable. Los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz) y Tucumán (Osvaldo Jaldo) siguen en negociaciones vinculadas a las primarias y al presupuesto, lo que mantiene en suspenso la decisión de varios diputados.

Riesgo de revés en la emergencia de discapacidad

Paralelamente, la agenda legislativa incluye la renovación de la emergencia para personas con discapacidad. El Gobierno parece encaminado a un revés: la Casa Rosada informó que no aceptará más modificaciones al proyecto presentado por los diputados aliados que redactaron la "propuesta superadora".

"El diputado Ricardo Herrera Aguad le pidió cambios al oficialismo por pedido de las organizaciones y le dijeron que no", se informó desde un despacho.

Los pedidos, provenientes de familias de personas con discapacidad, buscaban mejoras en pensiones no contributivas, cobertura sanitaria, ajustes tarifarios, regularidad de pagos y transporte en regiones desfavorecidas. La oposición sostiene que el Ejecutivo carece de voluntad y que la única herramienta disponible es la emergencia. Sin embargo, aseguran que podrían ajustar la redacción para evitar un nuevo revés y mantener la posibilidad de renovar la emergencia el próximo año.

En caso de que no se logren cambios, la oposición cuenta con los votos necesarios para revertir la iniciativa gubernamental y aprobar la renovación de la emergencia de discapacidad para 2027.