Este viernes, durante la II Cumbre de Bioetanol celebrada en Tucumán, los diputados y senadores acordaron evaluar la exclusión del biodiésel del debate parlamentario para avanzar con la normativa del bioetanol. La medida surge en medio de la inestabilidad energética provocada por los conflictos en Oriente Medio y el Mar Negro.

Tensión entre sectores productivos

Los pequeños y medianos fabricantes de biodiésel, que actualmente abastecen al mercado bajo la Ley 27.640, defienden el cupo obligatorio del 7,5 % que les corresponde. Por su parte, el proyecto de bioetanol cuenta con el apoyo mayoritario del sector privado, que busca elevar la cuota de este combustible al 15 %.

"No puede un biocombustible frenar el desarrollo de otro biocombustible", afirmó Andrés Leone, diputado de La Libertad Avanza, durante un panel legislativo.

Posturas políticas

Gobernadores del norte del país solicitaron la aprobación del proyecto que aumentaría la participación del bioetanol. En contraste, la senadora salteña Flavia Royón, ex secretaria nacional de Energía, se mostró en contra de eliminar el biodiésel del proceso, argumentando que "la ley debe discutirse en su integralidad".

"No me parece adecuado sacar al biodiésel del proyecto porque la ley hay que discutirla en su integralidad", declaró Royón.

Propuesta oficialista sobre el biodiésel

La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto que plantea subir el corte obligatorio de biodiésel del 7,5 % al 10 % tras el primer año de vigencia, con un período de transición. A partir de 2028, se fijarían cuotas mínimas decrecientes (5 % en 2028, 4 % en 2029, 3 % en 2030) y, desde 2031, el mercado quedaría desregulado, asignando los cupos a las ofertas más competitivas.

El marco actual expira el 31 de diciembre de 2030, lo que implica que, si el biodiésel queda fuera del tratamiento legislativo, las PYMES seguirán operando al menos cuatro años y medio más bajo la normativa vigente.

Próximos pasos

El Congreso deberá decidir si mantiene el debate del biodiésel o lo suspende para concentrarse en la normativa del bioetanol, una decisión que podría definir la estrategia energética del país en los próximos años.