El Congreso nacional comenzó a tratar un proyecto de ley presentado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que incorpora al Código Penal la figura del vandalismo rural, con el objetivo de penalizar daños a silobolsas, cultivos, ganado y demás infraestructura agropecuaria.

El texto propone modificar los artículos 186 y 189 e introducir el artículo 184 bis, estableciendo penas de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan o inutilicen bienes vinculados a la producción agrícola y ganadera.

"Durante mucho tiempo quienes vivimos y trabajamos en el campo sentimos que estos hechos quedaban impunes. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de saldar una deuda con miles de productores que invierten, generan empleo y producen alimentos para la Argentina y el mundo", afirmó Carlos Castagnani, presidente de CRA, en la Exposición Rural de Salta.

Detalles de la propuesta

Además de las sanciones habituales, la iniciativa amplía la categoría de "estrago" para incluir la liberación de agentes biológicos o patógenos y diferencia las penas según la intención del autor: dolo, imprudencia o negligencia. Cuando el daño ponga en riesgo la vida de personas o cause consecuencias fatales, la legislación contempla agravantes que pueden elevar la pena.

Reacciones del sector

El vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, también respaldó la medida durante la Exposición Rural de Hasenkamp, en Entre Ríos, señalando que "es una enorme satisfacción que una preocupación concreta de los productores haya llegado al Congreso" y que la norma dotará al Estado de herramientas más efectivas para actuar frente a ataques y daños en establecimientos rurales.

Castagnani resaltó que la propuesta no solo protege bienes materiales, sino que salvaguarda el trabajo de miles de familias, la inversión productiva y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo del país.

Con la discusión ya iniciada en el Congreso, el proyecto avanza hacia su votación definitiva, lo que podría significar un cambio estructural en la forma en que se persiguen los delitos contra el sector agropecuario.