El martes 20/10/2026, a las 13 hs, la mesa política del Gobierno se reunirá para debatir el proyecto de discapacidad que los diputados negociaron con el PRO, la UCR y bloques provinciales. El Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, mantiene dudas sobre el impacto presupuestario del texto.

Tensión entre Ejecutivo y Diputados

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, manifestó que el Gobierno habría preferido una alternativa distinta. > "Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa", afirmó Guberman durante la exposición del presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

Los legisladores que lideran la negociación son el jefe de Gabinete Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y la diputada Laura Rodríguez Machado.

Contenido del proyecto

El dictamen incorpora la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos y fija la pensión en el 70 % del haber mínimo jubilatorio. Mantiene el nomenclador de prestaciones, aunque no define su actualización ni garantiza ajustes mensuales por inflación, como exigen los aliados.

Se prevé que los fondos del Ministerio de Salud no disminuyan en términos reales respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, el texto omite un cronograma para pagar compensaciones a prestadores por la inflación acumulada entre diciembre 2023 y diciembre 2024.

Impacto fiscal

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal del proyecto sería de casi $600.000 millones en 2027, lo que representa el 0,04 % del PBI, y de $1,2 billones en 2028, equivalente al 0,07 % del PBI con el padrón completo. La compensación pendiente a los prestadores se estima en $278.323 millones.

El Ejecutivo critica que el proyecto no responde a una iniciativa propia y advierte que su implementación podría generar una carga financiera adicional.

Perspectivas y próximos pasos

El proyecto aún puede sufrir modificaciones antes de su votación en la Cámara. Entre los cambios ya consensuados están la precisión del origen de los fondos y la eliminación del artículo 17, que generó dudas por su redacción amplia.

El oficialismo acumula siete votaciones desfavorables en materia de discapacidad, incluida la revocación de un veto presidencial, y ha enfrentado fallos judiciales que obligaron a aplicar la ley de emergencia.

El desenlace de la mesa política definirá si el proyecto avanza con ajustes o si el Ejecutivo buscará una alternativa distinta para atender las demandas del sector.