El Ministerio de Economía, que conduce Luis "Toto" Caputo, y la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Marcelo Jorge Campoy, tienen tres días hábiles para explicar ante la Justicia Federal de Entre Ríos qué pasó con el dinero del impuesto a los combustibles que por ley debe ir al mantenimiento de las rutas nacionales. El juez Federico Martín, con asiento en Victoria, admitió un amparo presentado por los legisladores peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay y les corrió traslado a las dos dependencias, notificadas la semana pasada.

El planteo apunta a la subejecución de los fondos del Sistema Vial Integrado (Sisvial), una cuenta específica que se nutre del tributo a los combustibles y que, según la normativa vigente, solo puede aplicarse a infraestructura vial. Los legisladores sostienen que ese dinero se usó para engrosar el resultado fiscal en lugar de volcarse a las trazas que cruzan la provincia.

Los números que motorizan la denuncia

Una investigación difundida meses atrás mostró que, entre 2024 y mayo de 2026, el Ejecutivo nacional ejecutó apenas 394.406 millones de pesos de un total de 1,5 billones previstos para obras viales. Según los registros públicos, para mayo de este año la cartera económica mantenía alrededor de un billón de pesos colocados en títulos públicos y plazos fijos: el equivalente al 78% de lo que debía destinarse a las rutas.

El mecanismo no es nuevo. El propio gobierno lo aplicó con el Fondo Hídrico, y el mal estado de las rutas en el interior productivo se convirtió en un reclamo creciente de gobernadores y entidades del agro. En paralelo, varias provincias negociaron con la Nación el traspaso del control de algunas trazas para hacerse cargo del mantenimiento, mientras avanza un plan de privatización sobre unos 9000 kilómetros de la red.

Qué piden los legisladores

El amparo incluye una medida cautelar para que se reactiven las obras y el mantenimiento de las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras. Michel lo planteó públicamente en sus redes: los recursos del Sisvial "tienen afectación específica por ley y solo pueden destinarse a la infraestructura vial", y retenerlos en instrumentos financieros "desvirtúa ese destino legal".

"Es necesario que el gobierno nacional reactive las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en la provincia", escribió el legislador.

Antes de resolver sobre la cautelar, el juez Martín abrió el plazo de tres días hábiles para que Economía y Vialidad presenten su informe en el expediente. La causa entrerriana se suma a otras presentaciones por el mismo motivo, como las de Victoria Tolosa Paz y el gobernador riojano Ricardo Quintela, y a los reclamos de Formosa por el riesgo de inundaciones ante la falta de mantenimiento.