Un estudio de la organización Fundar muestra que Argentina lidera el ranking mundial de amnistías tributarias, con 59 casos registrados entre 1983 y 2025. La combinación de evasión en IVA y Ganancias representa una merma de 8 % del PBI, según los mismos datos.
Alcance de las amnistías
Los perdones fiscales fueron utilizados por gobiernos de distintas orientaciones para conseguir dólares, reforzar la caja del Estado o legitimar patrimonios. > "Este instrumento lo usaron gobiernos de todos los signos, con distintos objetivos coyunturales… pero con una misma consecuencia estructural", señaló el informe de Fundar, firmado por Guido Zack y Emiliano Libman.
Beneficiarios y mecanismos
Los principales beneficiarios son grandes contribuyentes, entre ellos agroexportadoras que trasladan utilidades a paraísos fiscales, destacando Montevideo como la guarida más empleada. La práctica genera inequidad, pues favorece a patrimonios elevados y rompe el principio de igualdad ante el fisco.
El rol del gobierno Milei
Durante la gestión del presidente Javier Milei, se aprobó un esquema de blanqueo que, según denuncias, benefició a funcionarios y a sus familias, facilitando la retención de dólares bajo el colchón. El ex jefe de gabinete Manuel Adorni fue señalado como uno de los protagonistas de estas maniobras.
Caso emblemático: la causa Cuello
Una red de empresas fantasmas vinculada al comercio ilícito de soja, liderada por Fernando Cuello, fue condenada a prisión. Sin embargo, el primer blanqueo mileísta incluyó un perdón que anuló la sanción por asociación ilícita fiscal, decisión que luego fue revertida en la Cámara de Casación Penal. El juez Alejandro Slokar advirtió que "la aplicación discrecional de la ley permite que los privilegiados se eximan de cumplirla".
Posición internacional
Con 59 amnistías, Argentina supera al segundo lugar, Panamá, que registra 24 casos en el mismo período. Le siguen República Dominicana (19), Brasil, Colombia y Perú (17 cada uno), entre otros.
El informe concluye que la frecuencia de estos perdones incentiva la evasión estructural y erosiona la moral tributaria, sin ofrecer una solución a la pérdida fiscal que afecta al país.
