El martes el gobierno argentino comunicó la ampliación de los procesos sancionatorios contra personas y firmas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La medida incluye a nuevos ejecutivos, accionistas y proveedores que, según la autoridad, operaron sin la autorización del país.

Empresas y accionistas bajo investigación

Entre las compañías señaladas se encuentran Navitas, Rockhopper, Borders & Southern, Eco (Atlantic) Oil & Gas y JHI. También se incorporaron a la lista a fondos y bancos como Shlomo Eliahu Holdings, Aberdeen Group, HBOS Investment Fund Managers, SMR Advisors y Mizrahi Tefahot Bank. Los proveedores estratégicos Bluewater y Noble fueron identificados por su participación en la cadena de suministro.

"Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", declaró la administración nacional.

Ejecutivos que ahora enfrentan la medida

El anuncio nombró a varios directivos de alto nivel. David Harry Williamson Dobson, conocido como Harry Dobson, es un financiero británico con historial en minería y energía; fundó la minera Kirkland Lake Gold y hoy preside sin cargo a Borders & Southern Petroleum. Otros nombres incluyen a los seis dirigentes de Eco Atlantic: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Gadi Levin y Alice Carroll.

Trayectorias que vinculan a los sancionados con la industria

Holzman, CEO y cofundador de Eco Atlantic, acumula más de veinticinco años en energía y recursos naturales, con experiencia en África y América del Sur. Antes de crear Eco Atlantic, cofundó GP Minerals y dirigió la división de Medio Oriente de Bombardier entre 2003 y 2006. Dobson, por su parte, fue socio senior de Yorkton Securities y fundó la minera canadiense Western Gold Exploration, residiendo actualmente en Mónaco.

Proveedores con lazos locales

Bluewater, empresa neerlandesa vinculada al proyecto FPSO Aoka Mizu, suministró las dos monoboyas que se utilizan en el oleoducto Vaca Muerta Oleoducto Sur, mostrando una conexión directa con infraestructura argentina.

El gobierno adelantó que seguirá con una denuncia penal y reiteró que cualquier actividad petrolera en las aguas circundantes a las Malvinas debe contar con autorización oficial.