En la provincia de Buenos Aires, los homicidios dolosos descendieron 3,8% entre enero y agosto de 2026, pasando de 451 casos en 2025 a 434 este año, según datos del Ministerio de Seguridad provincial. Sin embargo, la caída de este indicador no ha aliviado la inquietud del gobernador Axel Kicillof, que señala la expansión de otras formas de violencia y de actividades criminales dentro de los hogares.

Homicidios a la baja, otras amenazas al alza

El descenso de los asesinatos, incluidos los cometidos durante robos, contrasta con el crecimiento de la violencia intrafamiliar y de los suicidios, fenómenos que no aparecen en los rankings tradicionales de inseguridad. La administración provincial advierte que estas dinámicas pueden convertirse en focos de conflicto social si persisten.

"El ‘baño de sangre’ que menciona el presidente Milei no se refleja en los números de homicidios", señaló el ministro de Seguridad Javier Alonso.

Préstamos de narcos: una nueva vía de ingreso criminal

Un tiroteo en Fuerte Apache reveló un aspecto poco visible: grupos vinculados al narcomenudeo estaban ofreciendo microcréditos a familias que no acceden a la banca tradicional. Deudas médicas, urgencias o la simple necesidad de llegar a fin de mes empujan a algunos hogares a contactar a organizaciones ilegales.

Esta práctica, aunque no se ha medido a nivel de conurbano, es vista como una señal de que la crisis económica y la fragilidad social facilitan la captura territorial de bandas criminales. El préstamo de dinero se vuelve, para algunos, la puerta de entrada a la coerción y al reclutamiento.

Repercusiones políticas y próximos retos

La caída de los homicidios debilita la narrativa libertaria que acusa a la provincia de estar sumida en una ola de violencia. Sin embargo, el gobierno de Kicillof no puede limitar su respuesta a la refutación de esa acusación. La combinación de deterioro económico, aumento de la violencia doméstica y la expansión de actividades ilícitas plantea un escenario complejo que exige políticas más amplias.

En paralelo, la provincia avanza en la discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad y la implementación del régimen acusatorio en La Plata, medidas que podrían influir en la forma de abordar estos problemas sociales emergentes.

Perspectivas a futuro

Autoridades provinciales indican que, de mantenerse la tendencia actual, los homicidios podrían rondar los 742 casos al cierre del año. Mientras tanto, la atención se desplaza hacia la prevención de la violencia en el ámbito familiar y la regulación de los créditos informales que alimentan la expansión del crimen organizado.