La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del CONICET, podría ser exonerada del organismo a raíz de un sumario administrativo. El proceso se abrió después de que coordinara en el país el proyecto internacional SPRINT, un estudio que midió la presencia de plaguicidas en personas y en el ambiente.

El trabajo detectó residuos de distintas sustancias en muestras de participantes argentinos. Entre los compuestos identificados aparecen el glifosato y el clorpirifos. El relevamiento no se limitó al cuerpo humano: también abarcó alimentos, suelos, agua y otros componentes del entorno.

Qué encontró la investigación

SPRINT es un proyecto de alcance internacional que, en su capítulo argentino, buscó medir cuánto de los agroquímicos usados en el campo llega a las personas y a los ecosistemas. Los resultados pusieron el foco en la exposición cotidiana a sustancias que se aplican en la producción agrícola.

La científica sostiene que el sumario responde a una persecución y cuestiona cómo se llevó adelante el proceso administrativo en su contra. Su situación puso sobre la mesa un debate más amplio: hasta dónde puede investigarse y publicarse el impacto de los agroquímicos sin que eso derive en consecuencias laborales para quienes firman los estudios.

El debate de fondo

El caso de Aparicio instaló la discusión sobre la libertad de la investigación científica y la difusión de resultados sensibles. Para la comunidad académica, el episodio plantea qué margen real tienen los científicos para comunicar hallazgos que incomodan a sectores con intereses económicos.

La investigadora dio su testimonio sobre el proceso que enfrenta y las condiciones en las que desarrolló su trabajo. El sumario sigue su curso y la posibilidad de exoneración permanece abierta, a la espera de una definición administrativa.