El 2 de noviembre de 2026, el diputado nacional Cristian Ritondo ingresó al Congreso una propuesta que establece un régimen obligatorio de inhibición, bloqueo y detección de señales de telefonía móvil en todos los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
Objetivo de la medida
La iniciativa busca impedir que internos utilicen celulares u otros dispositivos para planificar, coordinar o ejecutar delitos desde el interior de los penales. Según el texto, la prioridad será la instalación en unidades de máxima seguridad y en aquellas con antecedentes de actividades delictivas organizadas mediante dispositivos móviles.
Alcance y plazos
El proyecto otorga al Estado un plazo máximo de 180 días corridos desde la reglamentación para adquirir y colocar los equipos. El Ministerio de Seguridad quedará a cargo de la ejecución y coordinará con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) los aspectos técnicos. Se prevé una “ventana” que permita que las comunicaciones institucionales y externas no se vean afectadas.
Apoyo parlamentario y seguimiento
El proyecto cuenta con el respaldo de los diputados del PRO Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Emmanuel Bianchetti. Además, establece que el Ministerio de Seguridad debe remitir al Congreso informes semestrales sobre avances, dispositivos incautados y posibles afectaciones a terceros.
Antecedentes internacionales
Los autores citan experiencias de bloqueo de señales en prisiones de Reino Unido, El Salvador, Ecuador, Chile y Colombia, donde se ha reducido la coordinación de extorsiones telefónicas, secuestros virtuales, amenazas y actividades vinculadas al narcotráfico.
Próximos pasos
Una vez reglamentada la norma, el Ministerio de Seguridad iniciará la licitación y la instalación de los sistemas, cumpliendo con el calendario establecido y manteniendo la supervisión parlamentaria prevista.
