En la provincia de Buenos Aires, dos peritajes incorporados a procesos judiciales en los municipios de Tapalqué y Bolívar aportaron datos que complican la discusión sobre la recaudación de tasas viales y su destino.

Tapalqué: la cuenta que no cuadra

El análisis contable de los ejercicios 2024 y 2025 determinó que la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural y los Servicios de Guías de Traslado generaron ingresos de $1.905 millones y $2.336 millones respectivamente. En el mismo periodo, el gasto registrado en el programa de mantenimiento de caminos rurales fue de $1.203 millones y $1.610 millones. La diferencia acumulada supera los $1.4 mil millones, con brechas de $701,9 millones en 2024 y $725,6 millones en 2025.

"La pericia contable expone una falta de claridad en el destino de los fondos recaudados", señaló el abogado Jorge Moroni, que representa a los productores.

El informe también indica que los ingresos de la tasa y de las guías se concentran en una única cuenta de rentas generales, lo que dificulta rastrear su uso específico. Las compras de combustible y lubricantes se gestionan de forma centralizada, sin registros detallados de consumo por kilómetro.

Bolívar: la red vial en estado crítico

El peritaje de ingeniería evaluó aproximadamente 2.400 kilómetros de caminos rurales y revisó la capacidad operativa del municipio. Aunque los registros municipales indicaban la disponibilidad de 12 motoniveladoras, la inspección constató que varias estaban inoperativas, rotas o desmanteladas. El perito calculó que se requeriría un 30 % más de maquinaria para mantener la red en condiciones aceptables.

Los resultados mostraron que entre el 60 % y el 70 % de los tramos inspeccionados presentan problemas de mantenimiento, ausencia de cunetas o perfiles transversales deficientes. Asimismo, entre 600 y 900 kilómetros (30‑40 % de la red) están por debajo de la cota natural de inundabilidad, y entre el 70 % y el 80 % carecen de alteos estructurales y gálibos reglamentarios.

"Cruzamos la información contable con el estado físico de los caminos para determinar si hubo desvíos", explicó Moroni.

Implicancias judiciales

Los peritos fueron designados por sorteo del magistrado a cargo de los juicios, y sus informes forman parte de acciones declarativas que buscan confirmar la constitucionalidad del cobro de la tasa. Según el abogado, el objetivo es que el tribunal establezca si el servicio de mantenimiento justifica la recaudación y, de ser necesario, identifique posibles desviaciones.

El caso sigue abierto y se espera que el juzgado emita resoluciones que obliguen a los municipios a transparentar el uso de los recursos y a corregir las deficiencias de la infraestructura rural.