El pasado martes, el presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional para anunciar la puesta en marcha de una base naval en Tierra del Fuego destinada a proteger los intereses argentinos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además, informó que presentará un proyecto de ley que modificaría la Ley N° 26.659 con el objetivo de penalizar a empresas que operen sin autorización en esas áreas.

Base naval y proyecto offshore

Milei destacó que la medida se justifica porque las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration iniciarán un proyecto petrolero offshore en la zona que el Reino Unido ocupa. El mandatario advirtió que, de no actuar con rapidez, esas compañías podrían adquirir el control de reservas submarinas que hasta ahora no habían sido explotadas.

"Si hoy no respondemos con firmeza, en pocos meses podrán apropiarse de los recursos bajo nuestro mar", señaló Milei.

El presidente subrayó que la base naval serviría como elemento disuasorio frente a posibles intentos de profundizar la ocupación británica.

Nueva legislación y debate sobre retenciones

El proyecto de ley, llamado "Defensa de la Soberanía Nacional", buscará añadir sanciones a empresas que realicen actividades en los territorios en disputa sin la autorización del Estado. Milei también recordó que su discurso incluyó 13 menciones a la palabra "soberanía" y 11 a "Malvinas".

En paralelo, la Federación Argentina de la Industria del Aceite (FADA) volvió a publicar sus cálculos sobre el impacto de las retenciones a la exportación agropecuaria: sin dichos gravámenes, el sector podría generar $25,8 mil millones y crear más de 500 000 empleos. El presidente, que ha criticado la existencia de rutas nacionales y ha señalado que las retenciones son incompatibles con su discurso soberano, enfrenta ahora críticas por la aparente contradicción entre la defensa de la soberanía y la continuidad de esos tributos.

Contexto y próximos pasos

Milei ha mantenido una postura firme respecto a la defensa del territorio nacional, mientras que su política económica sigue diferenciando entre la promoción del sector energético y la extracción de recursos del agro. El proyecto de ley será remitido al Congreso en los próximos días, donde iniciará el trámite legislativo.