El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dictó la Resolución 2076/2026 el 13 de octubre de 2026, ordenando la suspensión de autorizaciones para operar a 9.083 cooperativas y mutuales en todo el territorio argentino.
Alcance de la medida
Según el relevamiento oficial, la medida afecta a 8.210 cooperativas y 873 mutuales. De ese total, 7.206 fueron suspendidas, 1.299 recibieron una intimación para presentar la documentación requerida y 578 quedaron exceptuadas.
Cerca del 40 % de las entidades impactadas provienen de la provincia de Buenos Aires, según datos del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC).
Reacción de los dirigentes
"Lo que hay es una política muy clara de destruir el tejido cooperativo, destruir el tejido productivo y, como dice el gobernador, hay un industricidio en camino que está todo vinculado a la misma idea de Nación", afirmó Gildo Onorato, presidente del IPAC, en entrevista con El Destape.
Onorato denunció la falta de mecanismos de regularización y advirtió que la medida, sin acompañamiento financiero, debilita a organizaciones que generan empleo en diversas comunidades.
Contexto político y financiero
El dirigente vinculó la suspensión a la ausencia de recursos provinciales, recordando que el Tesoro nacional mantiene una deuda de $125.000 millones con las provincias, lo que limita la capacidad de los gobiernos locales para apoyar a las entidades afectadas.
Asimismo, la decisión se produce en un contexto en que el gobierno argentino votó en contra del cooperativismo en la Asamblea General de la ONU, alineándose con Estados Unidos e Israel.
La medida forma parte del plan de ajuste anunciado por la autoridad, que según críticos, podría comprometer el tejido productivo del país.
