La Corte de Constitucionalidad de Guatemala le ordenó al Gobierno de Bernardo Arévalo concluir las cárceles de El Triunfo y Masagua e instalar bloqueadores de señal telefónica en todos los centros de detención del país. La resolución, emitida el 22 de octubre, respondió a un amparo provisional presentado el 6 de julio por el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), contra el mandatario y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

La medida llegó en medio de una crisis penitenciaria que volvió a quedar a la vista con tres motines simultáneos en una misma semana. Chic sostiene que las prisiones se convirtieron en centros de operaciones delictivas y que desde allí se dirige buena parte de la violencia que golpea a la población.

Qué exige la resolución

El amparo tiene tres ejes. El primero pide verificar el avance y la conclusión de las obras de construcción y ampliación de los centros de detención, con mención expresa de El Triunfo, en Izabal, y Masagua, en Escuintla. El segundo reclama acciones inmediatas para garantizar la seguridad en los establecimientos de detención preventiva, de cumplimiento de condena y de máxima seguridad. El tercero exige que funcionen de manera efectiva los sistemas de bloqueo de telecomunicaciones y otras herramientas tecnológicas.

El objetivo es evitar que las personas privadas de libertad usen celulares para coordinar delitos desde las cárceles. Chic lo resumió así: "Esto quiere decir que con este amparo provisional, finalmente el gobierno de Guatemala debe terminar la cárcel del Triunfo, la cárcel de Mazahua, e implementar los bloqueadores de señal".

Obras demoradas y una inversión pendiente

El avance de El Triunfo era de apenas 12%, tanto físico como financiero, según datos que Chic atribuyó a autoridades del Ministerio de la Defensa durante una citación del 31 de agosto. Los trabajos se concentraban sobre todo en la preparación del terreno.

Masagua, en tanto, contempla 4.000 celdas y una inversión estimada de USD 68,5 millones. Su financiamiento todavía debía completar trámites ante el Banco Centroamericano de Integración Económica.

El Sistema Penitenciario reconoció en agosto que necesitaba 112 millones de quetzales para comprar e instalar bloqueadores de señal. Hasta entonces, esa necesidad no se había traducido en una implementación concreta. Chic recordó que Arévalo hizo meses atrás un sobrevuelo de presentación de las obras, pero cuestionó la falta de información clara sobre su progreso: "Hoy sigue siendo una promesa más", afirmó.

Extorsiones, sicariato y cobros ilegales

Según el legislador, el 80% de las extorsiones que afectan a los guatemaltecos se originan en cárceles como Pavón, Pavoncito, Fraijanes, Cantel, la Granja Penal de Canadá y el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18. Desde esos lugares, agregó, también se coordinan órdenes de sicariato y disputas por el control territorial del narcomenudeo en distintas zonas del país.

Chic denunció además la operación de un grupo denominado Nueva Administración desde varios penales y la persistencia de cobros ilegales conocidos como "talacha", que oscilarían entre 20.000 y 25.000 quetzales en varios centros de detención.

Uno de los motines se registró en Renovación I, un centro inaugurado como cárcel de máxima seguridad que, de acuerdo con Chic, se convirtió en base de operaciones de la Mara Salvatrucha.

El informe del Gobierno, en la mira

El diputado cuestionó el informe circunstanciado que el Gobierno remitió a la Corte. Las autoridades denunciadas argumentaron falta de legitimidad activa y pasiva para la presentación del amparo, en lugar de detallar un cronograma de ejecución o un plan de inversión.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad coloca al Ejecutivo frente a una obligación con plazos y verificaciones concretas. El antecedente inmediato son los tres motines que reavivaron el debate sobre quién controla realmente las prisiones guatemaltecas.