El 17 de enero de 2026, bajo autorización del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comenzó a interceptar conversaciones dentro de las oficinas judiciales de Pococí. La medida resultó en allanamientos y en la imposición de medidas cautelares contra dos magistrados y una agente del propio OIJ.

Contexto de la pesquisa

La investigación se originó a partir del informe confidencial CICO 506-2025, que señalaba posibles contactos entre funcionarios judiciales y personas vinculadas al alias “Diablo”, identificado como Alejandro Arias Monge. El documento también mencionaba a su hermana, Magaly Arias Monge, como posible intermediaria.

Desarrollo de la interceptación

La orden inicial, emitida a las 9:00 del 11 de noviembre de 2025, autorizó la captura de “comunicaciones entre presentes”. La intervención se activó el 17 de enero de 2026 y recibió dos prórrogas, extendiéndose hasta el 17 de octubre de 2026. Se instalaron dispositivos de audio y video en los despachos del juez Valverde y de la oficial del OIJ de apellido Rojas.

Durante la vigilancia, el 27 de enero de 2026, Valverde y otro magistrado discutieron la sospecha de que un vehículo los seguía, evidenciando la percepción de estar bajo observación.

"Existen indicios fuertes y concordantes que sugieren conductas irregulares", señaló la resolución judicial que autorizó los allanamientos.

Repercusiones legales

Tras analizar el material recabado, el juzgado consideró que había suficiente evidencia para aplicar medidas cautelares a los dos jueces y a la agente del OIJ. Además, se ordenaron allanamientos en las oficinas involucradas y se incautaron los equipos de grabación.

La causa sigue abierta y las autoridades continúan investigando si hubo acceso anticipado a información sobre operativos policiales o advertencias previas a miembros de la estructura criminal.

Próximos pasos: el Ministerio Público mantendrá la dirección funcional del caso, mientras se evalúan nuevas diligencias para determinar la posible responsabilidad penal de los investigados.