El gobierno, bajo la coordinación de Martín Menem, aceptó introducir cambios sustanciales al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional presentado por Javier Milei, con el objetivo de conseguir el respaldo del Congreso antes del fin de semana. Las modificaciones reducen el alcance de las sanciones a empresas vinculadas a la extracción de recursos en las Islas Malvinas y reformulan el delito de “desinformación masiva”. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores está convocado para el martes 24 de octubre a las 16:00.

Sanciones a proveedores y accionistas

En la versión negociada, el texto limita las prohibiciones a proveedores y accionistas que participen directamente en actividades ilícitas. Para que un proveedor sea sancionado, debe demostrarse que sus bienes o servicios son esenciales para la actividad prohibida y que conocía, o no podía desconocer, su destino. Se exceptúan accionistas minoritarios con participaciones de hasta 2 % y fondos de inversión sin poder de decisión.

Las multas se recalculan: quienes celebren nuevos contratos con empresas sancionadas enfrentarán una multa de entre dos y cuatro veces el beneficio indebido, o en su defecto, una sanción equivalente a 2 000-40 000 barriles de petróleo, el doble de la escala anterior. La pena mínima de prisión para proveedores de bienes esenciales se reduce de cinco a dos años, incorporándose además un agravante para delitos que causen daños ambientales graves. Los recursos recaudados se destinarán al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar y obras estratégicas.

Redefinición del delito y mayor control del Congreso

El proyecto también revisa el delito de “desinformación masiva”, ampliando su alcance y estableciendo garantías para la libertad de expresión. Paralelamente, se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores, que recibirá dentro de las 48 horas los informes del Consejo de Seguridad Nacional sobre sanciones y medidas urgentes.

"Si no es mañana, será el miércoles, y si no es el miércoles, será el jueves. Esta semana se dictamina", afirmó un referente del bloque libertario a La Nación.

Los ajustes fueron elaborados por el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria legal María Ibarzabal, quien presentó el proyecto en el Congreso sin acompañamiento de la Cancillería, pese a sus implicancias diplomáticas. La semana pasada, el tema se abordó en conversaciones con el subsecretario estadounidense Christopher Landau y el responsable del Hemisferio Occidental Juan Carlos Segura durante su visita a Buenos Aires.

Con estos cambios, el oficialismo busca agilizar la aprobación del anteproyecto y llevarlo al recinto legislativo lo antes posible.