El diputado nacional por Misiones, Óscar Herrera Ahuad, informó este lunes durante la entrevista matutina de Infobae al Amanecer que el Congreso aprobó una nueva ley de discapacidad que incorpora fondos específicos y garantías para los beneficiarios.

Cambios clave del proyecto

El texto incorpora, en su artículo siete, una partida presupuestaria destinada exclusivamente a prestaciones de discapacidad, algo que antes carecía de claridad. Además, se estableció la posibilidad de compatibilizar la asignación de recursos con otras actividades laborales y se blindó el nomenclador de servicios.

"Una de las lagunas era la ausencia de partidas presupuestarias concretas", señaló Herrera Ahuad.

El legislador destacó que la norma también incluye mecanismos para sostener el sistema a largo plazo, evitando que las prestaciones dependan de decisiones posteriores del Ejecutivo.

Cómo se construyó la negociación

Según el diputado, la discusión reunió a representantes del oficialismo, la oposición, foros de personas con discapacidad, prestadores de servicios y la Conferencia Episcopal Argentina. "Trabajamos de forma horizontal, partiendo de las demandas que surgieron desde el terreno", explicó.

El proceso no estuvo exento de tensiones. En una de las mesas, los participantes llegaron a un punto crítico que, según admitió, "casi termina en enfrentamiento físico".

Posición de los bloques políticos

Herrera Ahuad reconoció la colaboración de La Libertad Avanza, a través de la diputada Laura Rodríguez Machado, y del bloque peronista, que aportó ideas para el texto final. "El proyecto cuenta con el respaldo de más de dos tercios de la Cámara de Diputados, lo que le otorga una gran fuerza", afirmó.

El legislador advirtió que, aunque la ley ya supera muchos de los problemas de la normativa de emergencia, el Senado aún podrá introducir modificaciones.

Próximos pasos

Con la sanción de la Cámara, la iniciativa pasa ahora al Senado, donde se debatirá si se mantiene el alcance actual o se ajustan algunos artículos. Herrera Ahuad reiteró que la prioridad es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las personas con discapacidad, sin depender de medidas de emergencia.