El juzgado federal de La Plata dictó el secreto de sumario en la causa por el fentanilo contaminado vinculado a 90 muertes. La medida judicial se tomó después de que la fiscal María Laura Roteta solicitara nuevas medidas de prueba para avanzar sobre los funcionarios y exfuncionarios de la ANMAT y el INAME.
Estos organismos, dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, deben controlar la calidad de los medicamentos que salen a la venta. La fiscalía sospecha que pudo haber connivencia entre los empresarios y los funcionarios de la ANMAT e INAME.
La medida dictada por el juez Ernesto Kreplak fue sorpresiva. Se esperaba que la fiscal Roteta presentara su dictamen tras la feria judicial, con el impulso de acciones de pesquisa contra las autoridades y exfuncionarios nacionales.
Antecedentes
El Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación que estableció que hubo demoras para actuar sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.
La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado, el Gobierno Nacional formalizó su renuncia. Bisio alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Lugones. Fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.
La investigación
La fiscalía anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. La fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) colaboró en la pesquisa y opinó que “la suma de estas irregularidades y deficiencias -dolosas o culposas-, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.
