Fearca manifestó su inquietud este martes ante la posible discusión en el Senado del proyecto que busca incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal. La entidad se unió a las recientes alertas de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Preocupaciones de la federación

En un comunicado, la Federación recordó que el sector agropecuario colabora con la protección ambiental y pidió que cualquier norma penal tenga en cuenta la realidad productiva y establezca criterios claros y verificables.

"Producir dentro de la ley no puede convertirse en un delito", afirmó Diego Martínez, presidente de Fearca.

Riesgo de criminalizar actividades reguladas

Según la organización, la propuesta podría convertir en delito una práctica que ya cuenta con autorizaciones y controles específicos. La federación insiste en que la legislación distinga entre conductas deliberadamente dañinas y actividades productivas que cumplen con la normativa vigente.

Evitar la superposición de sanciones

Fearca advirtió que la incorporación de una figura penal sin considerar el marco regulatorio existente generaría una doble imposición de sanciones.

"No podemos tener un sistema en el que una actividad esté habilitada por la autoridad competente, cumpla con una normativa específica y, al mismo tiempo, quede expuesta a una nueva sanción penal por la misma conducta", explicó Martínez.

El comunicado subrayó que la superposición de regímenes sancionatorios produciría una gran incertidumbre para quienes operan dentro de la ley, y que cualquier reforma penal debe definir con precisión cuándo una conducta constituye delito y cómo se articula con las sanciones administrativas ya previstas.

Alcance más amplio del debate

Fearca también señaló que la discusión trasciende a los servicios agroaéreos; una ampliación de la responsabilidad penal ambiental podría afectar a productores, contratistas, ingenieros agrónomos y demás actores de la cadena productiva.

El Senado aún no ha fijado la fecha para la discusión del proyecto, pero la federación insiste en que se garantice la seguridad jurídica antes de avanzar.