Un caso de posible conflicto de intereses salió a la luz en el sector veterinario. Según información obtenida, una empresa de software llamada jBit contactó a varias empresas y laboratorios para ofrecerles servicios de integración a un sistema de trazabilidad oficial llamado Sigtrazavet.
Antecedentes del sistema de trazabilidad
El Sigtrazavet es un sistema de alcance nacional que busca identificar a los operadores mediante CUIT, georreferenciar depósitos y registrar la circulación de medicamentos y principios activos. La herramienta también incorpora la Receta Veterinaria Electrónica (RVE) y fue presentada como un avance en materia de control sanitario.
La oferta de servicios de jBit
La empresa jBit envió correos electrónicos a laboratorios y empresas del sector veterinario ofreciéndoles servicios de integración al Sigtrazavet. En los correos, se afirmaba que la empresa había desarrollado el sistema en conjunto con el Senasa y que podían ayudar a las empresas a integrar de manera eficiente los sistemas internos. > 'Con el equipo desarrollador conocemos en profundidad su funcionamiento y contamos con la experiencia necesaria para diseñar e implementar integraciones seguras', se lee en uno de los correos.
Desmintiendo la relación con el Senasa
Sin embargo, el Senasa desmintió cualquier relación con la empresa jBit. La entidad sanitaria afirmó que no hay contrato ni acuerdo comercial con la empresa. La constitución de jBit y la trayectoria laboral de sus socios también generan dudas sobre su experiencia en el desarrollo de plataformas de trazabilidad.
Inconsistencias en la información
Además, se encontraron inconsistencias en la información proporcionada por los socios de jBit. Uno de los programadores de la empresa, Nicolás Bairo, aparecía como empleado del Senasa en una red laboral, pero eliminó la información después de que se conociera el caso.
Consecuencias y próximos pasos
El caso genera preguntas sobre la transparencia y la integridad en el desarrollo de sistemas de trazabilidad. Es importante que se investigue a fondo para determinar si hubo irregularidades en la contratación de servicios y si se cumplieron con las normas y regulaciones establecidas.